Política > Prueba documental
Qué dice la denuncia que presentó Marcelo Arancibia en la justicia penal
El escrito presentado ante Fiscalía plantea que la licitación habría favorecido a una empresa ligada a un familiar del exgobernador Uñac y solicita pericias, testimonios y documentación oficial para determinar si se cometieron delitos contra la administración pública.
POR REDACCIÓN
La denuncia penal presentada por Marcelo Alberto Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan se centra en una serie de hechos que, según plantea, podrían configurar delitos contra la administración pública en el marco de la obra del Acueducto Gran Tulum. El escrito inicia recordando que el 10 de diciembre se cumplen los dos años posteriores al cese de los exfuncionarios de la gestión 2015–2023, plazo después del cual ya no pueden ser investigados por enriquecimiento ilícito según el artículo 268 bis del Código Penal.
Denuncia presentada por Marcelo Arancibia by Diario Huarpe
Ese artículo reprime el enriquecimiento patrimonial que no pueda justificarse, ocurrido durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de haberlo dejado. El denunciante vincula este límite temporal con declaraciones del actual ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien afirmó que “la obra no estaría, pero los pagos sí”, en relación a la devolución del crédito de 100 millones de dólares tomado con Kuwait.
La presentación sostiene que, de comprobarse un perjuicio fiscal de esa magnitud, no podría atribuirse a una sola persona. Arancibia requirió que, en caso de verificarse delitos, quienes hayan actuado como autores o partícipes “devuelvan lo robado”.
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Los hechos que se piden investigar
El escrito solicita formalmente que se investiguen hechos de “gravedad institucional” vinculados a las contrataciones estatales para la construcción del Acueducto Gran Tulum. Alega que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos como violación de deberes de funcionario público, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y asociación ilícita administrativa.
La denuncia apunta a funcionarios provinciales de las gestiones 2015–2019 y 2019–2023, con participación en contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, así como a directivos de la empresa adjudicataria.
Vinculaciones empresariales y direccionamiento
Buena parte de los hechos se apoya en publicaciones de Tiempo de San Juan, que según Arancibia acompañan como prueba documental inicial. De esas notas surge, según el escrito, que la empresa proveedora de tuberías del acueducto, Krah América Latina S.A., estaría vinculada a un familiar directo —un primo— del exgobernador Sergio Uñac. El denunciante sostiene que, de confirmarse, este vínculo configuraría negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
También se incorporan testimonios de empresas que compitieron en la licitación y que habrían señalado que el pliego estaba “orientado” para favorecer a esa firma, lo que, según la denuncia, podría constituir abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado.
Alertas técnicas, sobreprecios y pagos sin obra
La denuncia menciona informes técnicos y advertencias previas que indicaban que los caños ofrecidos por la empresa proveedora eran más caros, tenían menor respaldo técnico y presentaban deficiencias estructurales. Según Arancibia, ignorar alertas de esa naturaleza podría constituir una violación de deberes funcionales.
El escrito también refiere a diferencias económicas significativas entre la oferta adjudicada y la de empresas competidoras, lo que reforzaría la hipótesis de sobreprecios. Asimismo, destaca que la provincia comenzó a pagar el crédito internacional sin que la obra estuviera finalizada, lo que para el denunciante podría configurar administración fraudulenta, abandono de deber de control y posible beneficio económico indebido a particulares.
Delitos presuntamente configurados
De manera provisoria, la presentación identifica siete figuras penales que podrían estar en juego:
- negociaciones incompatibles,
- malversación de caudales públicos,
- abuso de autoridad,
- violación de deberes de funcionario público,
- defraudación al Estado,
- dádivas,
- y asociación ilícita.
Según la denuncia, estas figuras derivan de una conjunción de hechos: contratos vinculados a familiares de exfuncionarios, desvío de fondos, aprobación de materiales deficientes, sobreprecios y pagos sin contraprestación suficiente.
Jurisprudencia y doctrina citada
El escrito respalda la denuncia con jurisprudencia de la Corte Suprema en casos como “Nissen”, “Cotroneo”, “Yoma” y “IBM – Banco Nación”. En ellos, según sostiene, se establece que la corrupción es un delito pluriofensivo y que los funcionarios tienen una obligación especial de legalidad, incluso cuando no haya un perjuicio económico probado.
También cita doctrina penal que sostiene que la violación de deberes surge ante cualquier apartamiento de la legalidad, que el conflicto de intereses con familiares directos configura negociación incompatible sin necesidad de probar un beneficio, y que la malversación incluye el desvío de fondos mediante procedimientos administrativos irregulares.
Pruebas solicitadas y medidas requeridas
La denuncia ofrece prueba documental basada en seis notas periodísticas y solicita abundante información a organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos Infraestructura, Economía, Hidráulica, OSSE y Contaduría General. También pede informes a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas para conocer el estado de los controles realizados.
Además, solicita pericias técnicas sobre la calidad de los caños, pericias económicas sobre precios y sobreprecios, y pericias contables sobre los pagos y certificaciones. Requiere también citar como testigos a ingenieros, técnicos y al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.
Arancibia pide que se notifique a la Fiscalía de Estado, ya que es el organismo encargado de defender el patrimonio provincial y podría constituirse como querellante.
El pedido final ante el Ministerio Público
La presentación concluye solicitando que se tenga por formulada la denuncia penal, se abra la investigación preparatoria, se recolecte toda la documentación requerida, se cite a los testigos propuestos, se realicen las pericias, se investigue a funcionarios y particulares involucrados y, eventualmente, se eleve la causa a juicio.