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La Iglesia católica se opuso al proyecto de baja de edad e imputabilidad
En medio del debate por la reforma penal, la Iglesia Católica se pronunció en contra de reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Criticó la falta de políticas de prevención y pidió al Gobierno ampliar el diálogo antes de avanzar con una medida que considera "inadecuada".
POR REDACCIÓN
En medio del debate legislativo por la posible baja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, la Iglesia Católica Argentina sentó su posición oficial y expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia, y afirmó que "poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz" y pidió abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil.
El próximo martes, las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Familia y Justicia de la Cámara de Diputados tratarán el proyecto, que cuenta con apoyo del oficialismo y algunos sectores opositores. La iniciativa original proponía reducir la edad a 13 años, pero se acordó fijarla en 14.
Braida sostuvo que "no es adecuado bajar la edad de imputabilidad" y llamó a buscar alternativas: "Creemos que es una realidad que hay que abordar de manera amplia y multisectorial, yendo a las causas de por qué un adolescente llega a cometer delitos. No creemos que la solución sea lo penal, sino ofrecer instancias de recuperación y prevención."
Además, cuestionó la efectividad del sistema carcelario actual: "Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados, y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas. Lo que necesitan estos chicos es oportunidades, no encierro."
El obispo alertó sobre el creciente control de bandas narco en barrios vulnerables y su influencia en menores: "El narcotráfico es un problema enorme que no estamos abordando. Muchos chicos son captados por estas bandas, a veces bajo el efecto de las drogas, y no son plenamente conscientes de sus actos." También señaló que ningún proyecto prevé fondos para construir centros adecuados para menores, lo que agravaría la situación.
Braida pidió al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que no apuren la sanción de la ley y permitan un diálogo más amplio: "Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales den su opinión y aporten propuestas. Necesitamos más voces para atacar el problema desde sus causas."
El obispo cerró con un llamado a no buscar soluciones simplistas y a trabajar en políticas integrales: "Como sociedad, debemos involucrarnos en el acompañamiento de niños y adolescentes. La respuesta no puede ser solo punitiva; necesitamos más prevención, educación y oportunidades."