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El INAI denunció el mal manejo de fondos destinados a comunidades indígenas
El INAI presentó una denuncia penal por irregularidades en la asignación de subsidios, incluyendo pagos a abogados y falta de control en el uso de los fondos.
POR REDACCIÓN
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encabezado por Claudio Avruj, denunció ante la justicia penal irregularidades en la gestión de subsidios destinados a comunidades indígenas. Según la denuncia, los fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003, fueron mal administrados y en gran parte carecieron del control necesario, generando dudas sobre su transparencia.
Uno de los principales problemas identificados fue la falta de rendición de cuentas. Se descubrió que parte de los $1.200 millones destinados a las comunidades indígenas fueron utilizados para financiar honorarios de abogados que litigaban contra el Estado en casos de ocupación de tierras y otros conflictos legales. Las auditorías revelaron que muchos subsidios fueron entregados sin la documentación adecuada, lo que generó incertidumbre sobre su destino.
Las auditorías apuntaron a comunidades vinculadas con disputas territoriales en provincias como Río Negro, Neuquén y Salta, donde los fondos no fueron utilizados para regularización territorial o fortalecimiento comunitario, sino para financiar litigios contra el gobierno. Ante estos hallazgos, Avruj decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, calificándolo de "obscenidad" y señalando que nunca cumplió su propósito.
La denuncia también apunta a la gestión de estos fondos durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Avruj espera que la justicia determine las responsabilidades. Las auditorías también destacaron fallas en los procesos administrativos, como la falta de informes sobre el uso de los fondos y la ausencia de registros de las entregas y auditorías.
Se detectaron casos en los que los fondos no fueron utilizados de manera efectiva, como el caso de la comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo, que recibió $1.770.000 para servicios jurídicos sin presentar los informes correspondientes. Otros casos similares incluyen la comunidad Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan, que también recibieron subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos.