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Auditaron el Andis y detectaron 220.000 pensiones por invalidez laboral irregulares
El Ministerio de Salud y la Andis avanzan en un control nacional sobre Pensiones No Contributivas. Ya se enviaron más de 470.000 intimaciones y hay más de 220.000 casos en revisión.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional avanza en una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La revisión, coordinada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), alcanzó hasta el momento a 470.000 beneficiarios que fueron intimados por carta documento para actualizar sus datos y someterse a una nueva evaluación médica.
De ese total, más de 220.000 pensiones están actualmente bajo análisis y podrían ser dadas de baja si se confirma que no cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 842/2024. Según fuentes oficiales, el proceso tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los criterios médicos y legales vigentes.
Entre los casos analizados, las autoridades detectaron múltiples situaciones irregulares: desde domicilios sin declarar, personas fallecidas cuyos beneficios seguían activos, hasta casos en los que se rechazó recibir la citación oficial. También se detectaron cambios de domicilio sin notificación, rechazos a la evaluación médica y renuncias voluntarias al beneficio.
El nuevo marco normativo, firmado en abril de 2024, exige una discapacidad permanente del 76% o más para acceder a la pensión. Además, establece un Cuerpo Médico Evaluador nacional y endurece las condiciones de compatibilidad, incluyendo la prohibición de percibir ingresos paralelos o tener causas judiciales activas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la auditoría podría representar un ahorro de hasta 900 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a más de 700 millones de dólares. Hasta el momento, se han realizado más de 83.000 entrevistas médicas presenciales y se programaron otras 128.000 en distintos puntos del país.
El operativo de revisión generó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles. La Alianza Argentina de Pacientes presentó un amparo judicial solicitando que se suspendan las evaluaciones presenciales, alegando que no garantizan condiciones adecuadas para personas con discapacidad. En ese contexto, se reclaman protocolos accesibles, con posibilidad de auditorías domiciliarias o virtuales.
Según datos proporcionados por la Andis, el proceso de auditoría se extenderá a más de 1,2 millones de pensiones en total. El objetivo es revisar caso por caso para asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los parámetros legales y médicos vigentes.