Cristina Kirchner busca la revisión de la condena en la Corte Internacional

La defensa de Cristina Kirchner ha activado una estrategia internacional con un objetivo claro: lograr la revisión de la causa Vialidad antes de 2027. Horas antes de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, radicó una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. Allí acusó al Estado argentino de una "persecución política, mediática y judicial" contra la exmandataria.

El siguiente paso clave será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Los abogados de la expresidenta tienen seis meses para elevar una petición que, de ser aceptada, no evaluará los hechos de la causa Vialidad en sí, sino las presuntas lesiones a los derechos humanos de CFK. Los ejes de la petición incluirán el lawfare, incumplimiento del principio de juez natural, parcialidad en los tribunales, inversión de la carga probatoria, vínculos espurios entre la Justicia y los medios de comunicación, y vulneraciones en el debido proceso.

Si la CIDH encuentra violaciones a las garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que tiene jerarquía constitucional en Argentina), enviará recomendaciones y buscará una "solución amistosa". Si esto no prospera, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría condenar al Estado argentino. Si bien ninguno de estos organismos puede revocar directamente el fallo, una condena de la Corte Interamericana sería la opción más contundente para forzar una revisión por un tribunal nacional.

Plazos y expectativas: ¿Realidad o "falsas expectativas"?

Dalbón confía en que "la CIDH difícilmente pueda llegar a expedirse antes de esta elección, pero posiblemente para el 2027 sí", fecha clave por la inhabilitación que proscribe a CFK. Sin embargo, el abogado constitucionalista Diego Armesto advierte: "No hay que generar falsas expectativas en los seguidores de Cristina Fernández. No podemos jugar con la gente y hacerle creer que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en dos minutos, en un chasquido, van a resolver todos los planteos". Como ejemplo, Armesto citó el caso Petro Urrego vs. Colombia, donde la resolución de un caso similar tardó cuatro años y medio.

La defensa de CFK se apoyará en el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que contempla la revisión de una condena firme si existe una sentencia de la Corte Interamericana o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. También en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía superior a los tratados internacionales.

Juan Pablo Vigliero, abogado penalista, explicó a Infobae que lo que la Corte Interamericana diga "es vinculante para la Argentina. Si se ordena la revisión de un fallo hay que hacerlo, lo que no impide que mantengan el criterio. No puede revocarlo porque no es una cuarta instancia, pero sí llamar a revisarlo". Armesto agregó que Argentina, al ser parte del sistema interamericano, "tiene la obligación de cumplirlos", aunque también recordó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que recomienda la inhabilitación perpetua en casos como el de Cristina.

Una medida cautelar de la CIDH podría ser un recurso de emergencia ante una situación "grave y urgente" para evitar un "daño irreparable". Este instrumento podría intentar revertir la inhabilitación, pero su aplicación en este caso es incierta. Vigliero opinó: "En Argentina, te guste o no, tenés funcionando a los tres poderes del Estado. No es tan fácil pasar por encima de lo que dijo el juez de primera instancia, una Cámara, una Casación, un Tribunal Oral. Está muy revisado el tema como para decir ‘se equivocaron todos’".