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Denuncian posible estafa en un proyecto habitacional del gremio textil
La abogada Cristina Ferreyra representa a 48 damnificados que firmaron contratos por viviendas en terrenos que no pertenecen al gremio ni a la constructora. El proyecto quedó estancado y hay más de 100 familias afectadas.
POR REDACCIÓN
Un presunto caso de estafa sacude a un grupo de sanjuaninos que firmaron contratos para acceder a una vivienda a través del gremio textil. Según explicó la abogada Cristina Ferreyra, representante legal de 48 afectados, desde 2022 se vienen firmando contratos de preadjudicación bajo el marco de la resolución 164 del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que regula el financiamiento habitacional a través de entidades intermedias.
El problema, sin embargo, radica en que el terreno destinado a la construcción de las viviendas no estaba a nombre del gremio textil, encabezado por Roberto Vega, ni tampoco de Ceferino Aciar, representante de DGA Construcciones, la empresa a cargo del proyecto.
“Ese terreno era de un tercero, de una persona que se presume tenía un acuerdo, un arreglo o un negocio de venta, pero que nunca se llevó a cabo”, detalló Ferreyra. Esta situación paralizó el avance del barrio, ya que uno de los requisitos fundamentales del IPV para avanzar con los proyectos es que el terreno sea donado previamente al organismo.
A pesar de este incumplimiento, la abogada denunció que se siguieron cobrando cuotas y vendiendo carpetas, lo que derivó en la presunción de un delito de estafa. “Nosotros hicimos todo un proceso de investigarlos, de intimarlos, porque una denuncia penal tiene un calibre muy grande como para hacerla así no más. Venimos de meses trabajando y no hemos tenido respuestas”, aseguró.
Se estima que entre 100 y 150 personas fueron afectadas por este caso. Ferreyra representa legalmente a 48 de ellas y trabajan en avanzar de forma colectiva con las acciones judiciales correspondientes.
Al momento de firmar los contratos, muchos de los interesados fueron informados de palabra que en dos años se urbanizaría el terreno. “Pero dado que no comenzaron con la urbanización, le empezó a hacer ruido a la gente”, relató la abogada.
El antecedente más cercano es el del barrio Textil 1, que sí se concretó bajo un esquema similar. Sin embargo, en este nuevo emprendimiento las condiciones legales no fueron cumplidas y la falta de titularidad del terreno terminó generando una situación de incertidumbre, malestar y posible perjuicio económico para las familias involucradas.
Desde el entorno de los afectados esperan que la Justicia actúe con rapidez para esclarecer la situación y frenar nuevas adhesiones a un proyecto que, según denuncian, carece de sustento legal y no tiene posibilidades reales de avance.