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La derecha francesa denuncia persecución política tras la condena a prisión de Sarkozy
El expresidente Nicolas Sarkozy fue sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita en la financiación de su campaña con fondos libios, lo que generó críticas de la centroderecha y defensa de la independencia judicial por parte de magistrados.
POR REDACCIÓN
La condena a cinco años de prisión contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en la financiación de su campaña electoral con dinero procedente del régimen libio ha provocado un fuerte debate político en Francia. Esta sentencia marca un hito, ya que Sarkozy será el primer mandatario de la V República en ingresar en prisión, aunque sea de manera provisional.
Desde la Unión Sindical de la Magistratura, que representa a jueces y fiscales, defienden la resolución judicial como un claro ejemplo de independencia. Alexandra Vaillant, secretaria de esta organización, señaló que “no se trata de una decisión política, sino motivada, en los hechos y conforme a la ley, por un tribunal formado por tres jueces”. Además, remarcó que “la ley es la misma para todos” y que las críticas a la Justicia suelen surgir cuando afectan a figuras políticas.
Por su parte, Sarkozy, quien mantiene una considerable popularidad a pesar de sus problemas legales, calificó la sentencia como un “golpe al Estado de derecho”. Entre sus defensores figuran el ministro del Interior dimisionario Bruno Retailleau, la líder del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, y miembros de Los Republicanos, partido que heredó la UMP que él lideró.
El centro de la polémica reside en la orden de cumplimiento inmediato de la pena, lo que implica la entrada directa de Sarkozy en prisión pese a que ha presentado un recurso. El tribunal justificó esta medida como necesaria para asegurar la ejecución de la condena, dada la gravedad del impacto en el orden público generado por el delito. Esta práctica no es excepcional y se aplica en el 60% de las penas de prisión y en el 80% de las sentencias que derivan de procesos largos, como el caso de Sarkozy.
Esta cuestión ya generó controversia en abril, cuando Marine Le Pen fue inhabilitada tras ser condenada por desvío de fondos públicos. Aunque ella recurrió la decisión, quedó impedida de participar en las elecciones presidenciales de 2027 salvo que el tribunal de apelación revierta la sentencia. Le Pen ha pedido reformar la legislación y ha denunciado una “caza política” impulsada por algunos jueces.
El tribunal estableció que Sarkozy, junto a colaboradores, intentó obtener financiamiento del régimen de Muamar el Gadafi para su campaña de 2007. Aunque no se pudo probar que recibiera esos fondos debido a la opacidad del sistema, fue condenado por asociación ilícita y no por corrupción pasiva ni financiación ilegal.
Según el tribunal, Sarkozy, en funciones ministeriales, orquestó una corrupción de alto nivel para alcanzar la presidencia, hechos que calificaron como de “gravedad excepcional” y que minan la confianza ciudadana en sus representantes.
La Fiscalía Financiera convocó a Sarkozy para el 13 de octubre con el fin de notificarle la fecha de ingreso a prisión. Su defensa ya presentó un recurso y, tras el ingreso, el nuevo juicio podría celebrarse entre cuatro y ocho meses después. Aunque Sarkozy, de 70 años, podrá solicitar la liberación anticipada, que suele resolverse en un par de meses, se espera que pase varias semanas en la cárcel.
En el plano político, miembros de Los Republicanos han solicitado al presidente Emmanuel Macron un indulto para Sarkozy, aunque esta posibilidad parece remota dado que Macron ya le retiró la Legión de Honor.