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EPRE confirmó que Decsa puede cortar la luz en Caucete por falta de pago, pero duda que lo haga
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que la distribuidora Decsa está habilitada a percibir el cobro de la deuda en juicio ejecutivo debido al importante endeudamiento municipal.
POR REDACCIÓN
La deuda millonaria por el servicio de alumbrado público entre la Municipalidad de Caucete y la distribuidora energética Decsa sumó un nuevo capítulo este martes. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), a través de una resolución, fijó el monto adeudado e instó a ambas partes a buscar un plan de pago. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, brindó detalles exhaustivos sobre el origen del conflicto, el proceso de determinación del monto y los pasos a seguir, advirtiendo que la distribuidora puede cortar el alumbrado público por la deuda.
EPRE fijó la deuda de Caucete con Decsa en $565 millones y pidió un acuerdo
El EPRE emitió una resolución que establece que la Municipalidad de Caucete le adeuda a Decsa un monto aproximado de $565 millones. Este número difiere de las estimaciones iniciales de la empresa, que llegó a hablar de $800 millones. Ferrero aclaró que las estimaciones previas incluían punitorios y otros ítems que "no corresponden" y fueron "excluidos" del cálculo final.
La raíz del conflicto, que según Ferrero "tiene larga data" y no es nuevo, reside en la falta de medición del consumo de muchas lámparas de alumbrado público. "No está construida una instalación que es un cable piloto, que es un cable de comando y un cable de fase y neutro, que son los cables que proporcionan electricidad". Ante esta ausencia, el consumo debe ser estimado en base a la cantidad de lámparas, su potencia (LED o no LED), y las horas de uso. Esta metodología ha sido "fuente de permanente conflicto", ya que, como señaló Ferrero, "si hubiera un medidor, bueno, no hay mucha duda, medidor mide lo que consume y listo".
Auditoría exhaustiva del EPRE y desestimación de informes previos
Para llegar al monto final, el EPRE llevó a cabo una "auditoría muy exhaustiva" y un "informe muy muy abarcativo", que incluyó la participación de equipos técnicos del municipio y de Decsa en "muchas reuniones". Ferrero enfatizó que el EPRE aplicó el criterio de "indubio pro usuario", es decir, "en caso de duda a favor del municipio, que vendría a ser el usuario".
Sin embargo, el vicepresidente del EPRE fue categórico al afirmar que ambos informes presentados por Decsa y el municipio tenían "falencias que no representan la realidad" y fueron "desestimados". El cálculo final se basó en la cantidad de lámparas que el propio municipio declaró en su informe. Ferrero subrayó que, aunque pueda no gustar, "con los números uno no se puede pelear. Es una lucha muy injusta pelearse con los números". La cuenta, que incluye la facturación de consumo de alumbrado público y edificios municipales a favor de Decsa y lo recaudado por Decsa en concepto de cargo único municipal a favor del municipio, resultó en la deuda de 565 millones de pesos.
Plazo para plan de pago y consecuencias legales
El EPRE ha "instado a las partes a hacer un plan de pago". Se ha fijado un plazo de 20 días para que el acuerdo se concrete, es decir, para los "primeros días de julio". Ferrero aclaró que el EPRE no puede "intimar" a la empresa o al municipio sobre su política comercial, pero la instancia administrativa ha concluido.
La resolución emitida por el EPRE "es un certificado de deuda y es título hábil para la ejecución". Esto significa que si no se llega a un plan de pago o si este no se cumple, Decsa "puede ejecutar al municipio". La Ley 524A permite a los distribuidores ejecutar las deudas del servicio, y la resolución del EPRE provee el "título hábil" necesario.
Aunque la ley habilita la suspensión del servicio, Ferrero consideró que "no sería razonable pensar que se vaya a suspender el alumbrado público porque hace a la seguridad de las personas". De hecho, "Decsa ha dicho que no no va a avanzar sobre eso". Sin embargo, el vicepresidente del EPRE fue enfático: "una ejecución judicial está totalmente habilitada, la ley se lo permite".
La solución a largo plazo para evitar futuros conflictos radica en la instalación de medidores y las obras necesarias que debe realizar el municipio y que lamentablemente no se han concretado. La resolución del EPRE también aprueba un procedimiento para realizar progresivamente estas instalaciones.