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Fiscalía de Estado y MPF se disputaron el rol de querellante en un caso de amenaza de bomba
En una audiencia insólita en los Tribunales de San Juan, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal protagonizaron un fuerte cruce por la causa de la triple amenaza de bomba contra una escuela de Rawson. La disputa giró en torno a si el Estado debía ser reconocido como querellante.
POR REDACCIÓN
La mañana de este viernes dejó una escena inusual en los Tribunales de San Juan. En el marco de la causa por la triple amenaza de bomba a una escuela de Rawson, donde está imputado Axel Muñoz, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal (MPF) se enfrentaron públicamente por la posibilidad de que el Estado provincial sea admitido como querellante. “Es una situación insólita. Estamos en una discusión del Estado contra el Estado”, resumió uno de los abogados de la Fiscalía de Estado durante la audiencia.
El conflicto surgió cuando la UFI Genérica, encabezada por la fiscal coordinadora Daniela Pringles y el fiscal Alejandro Mattar, rechazó la participación de la Fiscalía de Estado en el expediente. Según la fiscal Pringles, “el Estado no reviste la calidad de víctima en este tipo de delitos, ya que los gastos que genera la investigación están previstos en el presupuesto público”. Además, recordó que desde la creación de la UFI Genérica se tramitaron 481 causas por incendios y que en ninguna de ellas intervino la Fiscalía de Estado.
Por su parte, los representantes de la Fiscalía de Estado (Gabriel Sanz, Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo) cuestionaron duramente esa postura y acusaron al MPF de actuar con “arbitrariedad” y “falta de respeto institucional”. Señalaron que se los excluyó indebidamente del proceso y que, al no informarles sobre el avance del expediente, los fiscales habrían incurrido en un posible “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Durante el debate, la jueza Carolina Parra escuchó los argumentos de ambas partes, mientras el imputado Axel Muñoz permaneció en silencio. El abogado defensor, Iván Benito Román, no participó del intercambio ya que la discusión no involucraba directamente a su representado.
El momento más tenso llegó cuando uno de los abogados de la Fiscalía de Estado apuntó directamente al MPF y lanzó una frase que resumió la tensión institucional: “El chistecito de la bomba le cuesta a San Juan”. Ahora, la jueza Parra deberá resolver si el Estado puede o no ser parte querellante en un expediente que, más allá del delito investigado, expuso un conflicto político y jurídico inédito dentro del propio aparato estatal.