Judiciales > Evitarán ir presos
Fraude con la carne a Un Rincón de Nápoli: habrá juicio abreviado
Un fraude millonario con reses afectó al supermercado de "Un Rincón de Nápoli". Acusados evitarían la prisión efectiva y devolver parte del dinero, tras acordar un juicio abreviado. El juez debe validar el pacto entre la defensa y la fiscalía.
POR REDACCIÓN
Una millonaria estafa que involucró el robo de reses por $35 millones al supermercado "Un Rincón de Nápoli" podría quedar cerrada sin que los 13 imputados pisen la cárcel. Los acusados llegaron a un acuerdo con la fiscalía para acceder a penas de cumplimiento condicional o probation, a cambio de devolver parte del dinero y realizar tareas comunitarias.
La maniobra fue descubierta tras una denuncia presentada por los dueños del supermercado el 28 de enero de 2025. Las investigaciones revelaron que durante al menos dos semanas, entre el 18 de diciembre de 2024 y el 4 de enero de 2025, se desviaron toneladas de carne mediante documentación adulterada y complicidades entre empleados, repartidores y comerciantes.
Entre los principales acusados figuran dos ex empleados del supermercado, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré, quienes habrían orquestado al menos 14 maniobras fraudulentas para desviar mercadería que debía ser entregada al local. Ambos aceptaron su responsabilidad y recibirían penas de tres años de prisión condicional.
A ellos se suma Jesús Matías Núñez, extrabajador de Carnes Aguilera, con la misma condena. Por su parte, otros ocho imputados, en su mayoría repartidores y empleados de otras distribuidoras como Carnes San Agustín y Carnes Parra, acordaron penas de dos años y seis meses condicionales.
Los acusados fueron identificados como Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asis, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea y César Orlando Luna.
En tanto, dos comerciantes minoristas, Manuela Nahir Luna Ruiz, de la carnicería Trozadero Mar, y Ángel Ezequiel Romero, dueño de un local barrial, pactaron acceder a la probation, lo que implica tareas comunitarias y el pago simbólico de una compensación para cerrar la causa penal.
El caso aún no está completamente cerrado: el juez de garantías, Sergio López Marti, deberá validar cada uno de los acuerdos en una audiencia final. Si no hay objeciones, ninguno de los acusados cumplirá prisión efectiva.
Aunque el perjuicio confirmado fue de $35 millones, la Fiscalía sospecha que el fraude podría haber superado los $60 millones, cifra que no pudo ser comprobada en su totalidad. La causa fue instruida por el fiscal Guillermo Heredia y el ayudante Federico Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas.
Los delitos imputados fueron defraudación y defraudación por usurpación de documento, en concurso real. En un principio, se había solicitado la prisión preventiva para los principales acusados, pero la medida fue desestimada por el juez.