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Gobierno postergó la licitación de cuatro represas del Comahue para noviembre
La medida busca fomentar la participación de interesados y maximizar los ingresos del Estado, estimados inicialmente en US$500 millones.
POR REDACCIÓN
El proceso de privatización de cuatro represas del Comahue (Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila) se aplazó oficialmente hasta el 7 de noviembre, según resolución publicada en el Boletín Oficial. La postergación busca “promover una mayor participación de oferentes y garantizar la obtención de las propuestas más convenientes”, indicó el Ministerio de Economía.
Se trata de la segunda licitación internacional de la gestión de Javier Milei. La primera fue la ruta del Mercosur, que actualmente se encuentra en proceso de preadjudicación tras prórrogas en la apertura de ofertas.
Las cuatro represas representan aproximadamente el 15% de la generación eléctrica del país. Hasta la adjudicación, seguirán operadas por AES Argentina (Alicurá); Enel (Chocón y Arroyito); Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados). Los contratos anteriores habían finalizado en agosto de 2023, con prórrogas que aseguran operación hasta diciembre de 2025 o hasta la transición a nuevos operadores privados.
El Gobierno espera recaudar US$500 millones por las represas, cifra que según estimaciones de mercado podría ser superada. Para participar, los interesados deben contar con activos por US$300 millones y un patrimonio neto de al menos US$150 millones. Se prevé la presentación de las actuales operadoras, así como de empresas como Pampa Energía, Genneia, Edison Energía y Aluar.
El concurso licitatorio contempla la venta del 51% de las acciones Clase A, 47% Clase B y 2% Clase C de las sociedades concesionarias. Entre los requisitos para los oferentes se incluyen: presentación de antecedentes técnicos y económicos, oferta económica, garantías de cumplimiento, designación de un operador técnico con experiencia mínima y posibilidad de conformar una “sociedad de inversión” en Argentina.
Los adjudicatarios asumirán bienes, contratos, personal y obligaciones sociales, mientras que el Estado se reserva la discrecionalidad de adjudicar o no. Se fijaron además obligaciones en seguridad de presas, medioambiente y operación, y la jurisdicción legal será de los Tribunales Contencioso-Administrativos Federales de CABA.
El Gobierno espera concluir la adjudicación antes de fin de año, en un proceso que busca dinamizar la participación privada en infraestructura estratégica de generación eléctrica.