Guerra Carrió-AFA: de la caja de Grondona al allanamiento en Pilar por Fútbol para Todos

La histórica confrontación entre Elisa Carrió y la AFA entró en su fase más aguda el pasado 2 de enero de 2026 con el allanamiento a la vivienda de Matías Yofe, referente de la Coalición Cívica en Pilar.

Carrió, quien ejerce la defensa técnica de Yofe, denunció que el operativo policial fue un "mensaje mafioso" ejecutado para incautar documentos sensibles de la cúpula de la federación y que la causa por presunta extorsión contra su colaborador es un "armado" debido a presiones políticas. Para la dirigente, este asedio es el precio por intentar "transparentar los bienes de la dirigencia deportiva".

La investigación territorial liderada por Carrió y Yofe se centra actualmente en una mansión de lujo en Villa Rosa, Pilar, valorada en 20 millones de dólares que pertenecería a Claudio Tapia, aunque figuraría a nombre de un monotributista y una jubilada para configurar un presunto lavado de activos.

La denuncia aportó pruebas que incluyen registros de vuelos de helicópteros y un tuit del exjugador Carlos Tevez sobre irregularidades en la federación. Esta disputa sucede a décadas de enfrentamientos iniciados bajo el mando de Julio Grondona, a quien Carrió señaló formalmente por manejar una "caja negra" del poder político mediante un sistema oscuro que eludía controles estatales en contratos de televisión y giros de divisas al exterior.

Pese a que el escándalo internacional del FIFA Gate validó las sospechas sobre Grondona años después de su muerte en 2014, otros procesos como el de Fútbol para Todos (FPT) terminaron en una absolución masiva a finales de 2024.

En dicho fallo, el Tribunal Oral Federal 1 dictaminó que, si bien hubo "desprolijidades administrativas", no existió un "beneficio personal probado ni un perjuicio deliberado al Estado" por parte de los acusados, entre los que se encontraban los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Tras esta resolución judicial, Carrió sentenció que el fútbol argentino goza de una "garantía de impunidad" que lo protege de cualquier investigación federal.