La comunidad Huarpe Salvador Talquenca rechaza un nuevo intento de apropiación de sus tierras

La comunidad Huarpe Salvador Talquenca, ubicada en la localidad de El Encón, departamento 25 de Mayo, expresó su profunda preocupación en un comunicado oficial y también su enérgico rechazo frente al reciente mandamiento judicial del juez Luis César Arancibia, que habilita la toma de posesión de tierras subastadas que el pueblo nación Huarpe considera ancestrales. La situación se produce en un contexto de creciente vulnerabilidad, luego de que, en diciembre del año pasado, el gobierno de Javier Milei anulara por decreto la Ley 26.160, una normativa clave para la protección de territorios indígenas en Argentina.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Javier Alamino, uno de los abogados que representa a la comunidad indígena, contó que los hechos que originan este conflicto se remontan a 2012, cuando una abogada de la familia Cantoni Bravo subastó tierras pertenecientes históricamente a la comunidad para saldar honorarios. En ese momento, la intervención del juez Arancibia, del Tercer Juzgado Civil de San Juan, suspendió la ejecución de la subasta, en cumplimiento de la Ley 26.160, reconociendo así la validez de los reclamos territoriales indígenas. Sin embargo, tras la derogación de esta ley, los abogados de quienes compraron el terreno subastado han reactivado el reclamo de posesión, ignorando —según denuncian desde la comunidad— los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos originarios y la preexistencia de la comunidad Talquenca en ese territorio.

Derechos preexistentes amparados por la Constitución

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Desde la comunidad señalan que el nuevo intento de despojo vulnera este principio fundamental y desconoce el vínculo espiritual, histórico y cultural que mantienen con el territorio.

“No entendemos por qué otra vez vuelven con esto, cuando se sabe que nosotros vivimos acá antes que nadie”, expresó a DIARIO HUARPE Juana Castro, miembro de la comunidad.

Actualmente, más de 10 familias habitan el terreno en litigio y entre ellas, más de 15 niños y un número similar de abuelos, lo que incrementa la preocupación por las consecuencias sociales y humanas que un eventual desalojo podría generar. 

Los pobladores originarios, en total comunión y respeto con el entorno ambiental que los rodea, subsisten gracias a la producción caprina, bovina, vacuna y equina. También producen miel, confeccionan tejidos y demás artesanías en cueros y cerámica, siguiendo las enseñanzas de sus antepasados.  

Acciones legales y resistencia comunitaria

El equipo jurídico que representa a la comunidad, integrado por los abogados Javier Alamino y Ariel López, confirmó a DIARIO HUARPE que ya se ha presentado un recurso de revisión, reposición y apelación. En él, solicitan al juez que se considere la totalidad de los derechos de las comunidades indígenas y se declare la nulidad de la posesión otorgada, dado que la comunidad Talquenca tiene más de 117 años de presencia continua en el lugar.

Vale recordar que la comunidad Huarpe cuenta con reconocimiento del Estado Nacional como preexistentes al Estado mismo. Además, la comunidad Huarpe Salvador Talquenca posee personería jurídica como comunidad de pueblo originario, tras haber sido censados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Movilización y llamado a la solidaridad

Mientras se espera el fallo del juez Arancibia, el cual, según los tiempos legales podría darse esta semana o, a más tardar, la que viene, la comunidad se encuentra en estado de asamblea permanente y evalúa movilizarse en el microcentro de San Juan, en defensa de sus derechos y piden el acompañamiento de organismos de derechos humanos, autoridades provinciales y nacionales, y de toda la sociedad sanjuanina.

“Nuevamente, el pueblo Huarpe se pone en alerta. Vamos a defender nuestro territorio y nuestros derechos por la defensa de nuestra cultura, de nuestra historia y el legado para las generaciones futuras”, concluyó Juana Castro.

Sobre la Ley 26.160 y su derogación

La Ley 26.160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente y en diciembre del año pasado, el Gobierno de Javier Milei decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26.160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, puso en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y dio luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.

En este marco, el Gobierno Nacional justificó la derogación de la ley, argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.

Con la derogación de la Ley 26.160, se habilitaron desalojos masivos que afectan y afectarán no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva.

"Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio", afirman las comunidades originarias de San Juan.

Dato 

Hoy en Argentina hay más de 400 conflictos territoriales con pueblos indígenas.

Derechos vulnerados y confusiones jurídicas

Para Nadia Gómez, integrante de la comunidad Huarpe del Territorio del Kuyum, Consejera de Participación Indígena (CPI) y representante del Consejo de Administración Forestal (FSC), uno de los elementos centrales del conflicto es el desconocimiento, y en algunos casos, la tergiversación de la normativa vigente.

“Hay una gran confusión jurídica. Se piensa que, por la derogación de la ley de emergencia territorial, se invalidan los relevamientos previos, pero no es así. Los relevamientos como el que se hizo en Talquenca en 2018, son válidos legalmente, porque fueron realizados por el Estado nacional y provincial, con estudios catastrales, jurídicos y antropológicos, que avalan la ocupación tradicional desde antes de 2006, año de sanción de la Ley 26.160”, aclaró Gómez. Incluso recordó que, en el marco de obras financiadas por el Banco Mundial, como la línea de interconexión eléctrica de 500 kV, que atraviesa el territorio Talquenca, fue la comunidad —y no los supuestos propietarios— la que fue consultada, como lo exige la normativa internacional. “Hay registros claros de que fue la comunidad la que autorizó esta obra, porque es la que vive en el lugar”, remarcó.

Frente a esta situación, Gómez contó a DIARIO HUARPE que, en unos días, además de las acciones legales que ya se han hecho, van a pedir reuniones con la directora de Políticas para la Equidad de la provincia, Nathalia Sánchez, con el vicegobernador, Fabián Martín, y con el propio juez Arancibia, para exponer todas las irregularidades y errores que se están cometiendo, como pasa siempre en casos cuando hay una comunidad originaria en el medio. “También vamos a llevar el caso a la Defensoría del Pueblo, tanto de la provincia como de Nación, y vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo. "Estamos agotando todas las vías institucionales, porque el Estado argentino, desde hace años, está incumpliendo sus propias leyes, incluso su Constitución Nacional”.

Una urgencia que interpela al Estado

Mientras esperan la resolución judicial, el mensaje del Pueblo Nación Huarpe de San Juan es claro: la defensa del territorio ancestral no es una opción, es una obligación. Y la responsabilidad recae sobre todos los poderes del Estado. “La Constitución dice que somos preexistentes al Estado. Un título de propiedad colonial no puede estar por encima de ese derecho. Por eso estamos frente a un escándalo institucional”, concluyó Gómez.