La Justicia rechazó dos medidas de protección antes de que un padre asesinara a su hijo de 4 años

La madrugada del martes en Coronel Suárez concluyó con una escena desgarradora. Dentro de la cabina de un camión, fueron hallados los cuerpos sin vida de Gustavo Suárez, de 48 años, y de su hijo Francisco, de apenas 4. El hombre, tras asesinar al menor de un disparo en la cabeza, había cometido suicidio. Este acto de violencia extrema fue el desenlace de una secuencia donde las señales de alarma fueron explícitas, pero las instancias judiciales designadas para contenerlas fallaron de manera consecutiva y definitiva.

Las alertas desoídas: dos recursos, dos rechazos

La madre del niño, miembro de la Policía local, había percibido el peligro de manera tangible. En agosto pasado, realizó una presentación ante un Juzgado de Paz de Coronel Suárez solicitando una medida de protección. Su pedido se fundamentaba en el comportamiento hostil e intimidatorio del padre, quien, según su relato, utilizaba al niño como instrumento para manipularla y causarle daño. La respuesta judicial fue negativa. El magistrado consideró que no surgía “la existencia de un riesgo extremo” que justificara suspender el régimen de comunicación, limitándose a ordenar el cese de actos de perturbación y a derivar el caso a un servicio local de protección de derechos.

Ante la persistencia de la situación, la mujer insistió con una nueva presentación. El 8 de noviembre, el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, analizó el caso. En su resolución, el magistrado describió los dichos de la denunciante, incluyendo referencias a malos tratos hacia el niño y a la existencia de material audiovisual que podría corroborarlos. Sin embargo, el fallo fue otro rechazo. Se argumentó que solo se contaba con el relato de la madre, “careciéndose de todo otro elemento de convicción”. Además, se remitió la cuestión al fuero de Paz, considerado más idóneo por contar con un equipo técnico.

La lógica aplicada en ambas decisiones judiciales expone una fisura crítica en el sistema de protección. Se exigió a la víctima un estándar probatorio elevado para una medida que es esencialmente cautelar y preventiva. Se priorizó la preservación formal del vínculo paterno-filial sobre una evaluación exhaustiva del riesgo potencial, minimizando el principio de precaución que debe regir cuando está en juego la integridad de un menor. El análisis se centró en la falta de prueba del daño consumado, en lugar de ponderar la posibilidad cierta de su concreción.

El desenlace anunciado y la responsabilidad institucional

La tragedia se consumó pocas horas después de que Gustavo Suárez enviara una carta a su expareja, cargada de reproches y acusaciones, y la llamara por teléfono para anunciar su macabro plan. La intervención policial, alertada por la madre, llegó demasiado tarde. La causa, ahora a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Bahía Blanca, se calificó como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio. Con el autor material fallecido, la pesquisa penal llega a su fin.

No obstante, el caso trasciende el hecho criminal individual y se proyecta como una grave falla institucional. Evidencia cómo protocolos rígidos y una interpretación restrictiva de las pruebas pueden anular las percepciones de riesgo de quienes están inmersos en la dinámica violenta. La doble negativa judicial no causó directamente el filicidio, pero creó un contexto de desprotección en el que este pudo ejecutarse. El sistema, en su conjunto, demostró una incapacidad para escuchar, creer y actuar a tiempo frente a un riesgo que, aunque no estaba completamente documentado en un expediente, resultó ser mortalmente real. La muerte de Francisco plantea, una vez más, la necesidad imperiosa de revisar los criterios de valoración del riesgo en la justicia de familia y garantías.