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La nueva Ley de Transporte entrará en vigencia en abril
Luego de ser aprobada en diciembre, la nueva normativa de transporte comenzará a regir en abril, una vez cumplido el plazo de reglamentación previsto por ley, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte.
Por Marcos Ponce
Tras meses de debate técnico y una intensa “rosca” política en los pasillos de la Legislatura, el 12 de diciembre pasado San Juan dio un paso clave con la aprobación de la nueva Ley de Transporte. La norma estableció un plazo de 120 días para su reglamentación y, cumplido ese período, comenzará a regir en abril, tal como confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina.
Hasta que el proceso reglamentario concluya, continúa vigente el marco legal actual, por lo que no habrá cambios inmediatos en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el escenario cambiará de manera sustancial a partir de abril: desde ese momento, quienes presten servicios de transporte sin estar debidamente inscriptos y habilitados incurrirán en infracción y quedarán sujetos a las sanciones previstas en la nueva normativa, que incluyen multas y otras penalidades. El objetivo oficial es claro: ordenar el sistema y garantizar reglas iguales para todos los actores.
El corazón de la ley es la creación del Registro Provincial de Transporte (Reprotran), un padrón obligatorio en el que deberán inscribirse taxis, remises, transporte escolar, colectivos, transporte accesible y vehículos de carga. Para el Ejecutivo, este registro se convertirá en la herramienta central para ordenar un sector históricamente fragmentado, con múltiples modalidades de prestación y controles desiguales.
El Reprotran apunta a dos ejes estratégicos. Por un lado, el ordenamiento y la trazabilidad, permitiendo conocer con precisión quién opera, con qué vehículos y bajo qué condiciones, generando información confiable para una fiscalización efectiva. Por otro, la formalización de las plataformas digitales. Aunque la ley no menciona de manera explícita a aplicaciones como Uber o DiDi —uno de los puntos que más tensó el debate con la oposición—, sí fija condiciones concretas para su funcionamiento: geolocalización, controles reforzados, documentación actualizada y un registro estricto bajo supervisión provincial.
En el caso del transporte de cargas, un sector clave para el desarrollo productivo y minero de San Juan, la normativa permitirá al Gobierno contar por primera vez con un mapa integral de los vehículos y operadores que circulan desde y hacia la provincia, una herramienta considerada estratégica para la planificación y el control.
Otro de los cambios de fondo es la eliminación del esquema de licencias transferibles, que durante décadas alimentó un mercado informal de compra, venta y alquiler, especialmente en el servicio de taxis. El nuevo sistema reemplaza ese modelo por un Certificado de Registración personal e intransferible. De esta manera, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos —vehículo adecuado, carnet profesional y seguro específico— podrá registrarse de forma digital para operar, sin intermediarios.
En línea con la idea de “abrir el juego” y fomentar mayor competencia, la ley también introduce límites a la concentración. Ninguna persona o empresa podrá concentrar más del 25% del parque automotor habilitado para el servicio regular, un cambio significativo respecto del proyecto original. Además, el margen para la ampliación de recorridos se reduce del 30% al 25%, con el objetivo de evitar monopolios encubiertos y garantizar un equilibrio entre operadores.
Finalmente, la norma faculta a la Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de aplicación para impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo flotas híbridas o eléctricas. Con su entrada en vigencia en abril, la nueva Ley de Transporte promete marcar un antes y un después en la organización del sistema en San Juan.