Policiales
La Pampa: un comisario usó presos como mozos y cocineros para su casamiento
Organizó su boda en La Pampa y usó entre seis a ocho detenidos para atender la fiesta.
POR REDACCIÓN
Un comisario de La Pampa enfrenta un juicio por haber ordenado que seis presos bajo su custodia trabajaran en su fiesta de casamiento, celebrada el pasado 31 de mayo en la localidad de Lonquimay, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa.
El acusado es Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría local, quien organizó su boda en el salón Bar Véneto, ubicado a una cuadra de la dependencia policial. Para reducir costos, dispuso que seis de los ocho detenidos a su cargo prepararan el asado, sirvieran la comida y limpiaran después del evento. Según la causa, caminaron sin custodia hasta el lugar y luego regresaron por sus propios medios.
El hecho se conoció en el pueblo al día siguiente de la fiesta, y tras una investigación interna, derivó en una causa penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Durante el juicio oral, realizado en el Centro Judicial de Santa Rosa, los propios detenidos testificaron haber trabajado en la celebración. Uno de ellos, entre lágrimas, admitió haber cocinado el cordero; otro reconoció haber servido el almuerzo. Cuatro de los seis confirmaron su participación directa.
El fiscal general Guillermo Sancho indicó que el comisario no tenía autorización para liberar a los internos, y que “tuvo suerte de que ninguno se fugara”. Aclaró que los detenidos no cometieron delito alguno, ya que actuaron bajo órdenes.
En su defensa, Galván atribuyó el proceso judicial a una interna policial. Su esposa y otros testigos negaron la participación de los presos, pero las pruebas y testimonios en el juicio contradijeron esa versión. Incluso se descubrió que una exposición firmada por vecinos que supuestamente no vieron a los detenidos en la fiesta fue firmada sin haber sido leída en detalle.
El juicio concluyó este viernes y la sentencia será dada a conocer el 28 de julio. El fiscal solicitó un año y tres meses de prisión en suspenso y dos años y medio de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La defensa pidió la absolución.