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Ordenaron el decomiso de bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares
El Tribunal Federal comenzó a ejecutar el decomiso a Lázaro Báez, su hijo Martín y sus empresas. El operativo involucra 440 inmuebles, casi mil rodados y activos valuados en 54 millones de dólares.
POR REDACCIÓN
Este lunes 11 de agosto, el Tribunal Oral Federal N° 4 inició la ejecución del decomiso de bienes de Lázaro Báez y de su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La medida alcanza propiedades, vehículos, maquinaria pesada y fondos en cuentas del exterior. De acuerdo con registros judiciales, el patrimonio incautado incluye 440 inmuebles, 972 vehículos y maquinarias, además de activos detectados en bancos de Suiza y Bahamas.
Una tasación que se realizó en noviembre de 2017 determinó un valor total de 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares según el tipo de cambio de aquel momento. El fallo judicial dispuso el decomiso de más de 54 millones de dólares solo por las maniobras de lavado cometidas entre 2010 y 2013, sumando multas equivalentes al triple para Báez padre; también para Martín Baez quien pagará siete veces la cantidad de dinero que lavó.
La finalidad de los decomisos es recuperar el dinero que se blanqueó a partir de los delitos de corrupción con la obra pública que se dieron por probados durante el juicio, además de hacer efectivas las multas correspondientes en cada condena. El dueño de Austral Construcciones fue sentenciado a 15 años de cárcel.
La medida incluye el remate de dos aeronaves, la incautación de estancias, hoteles y propiedades distribuidas en varias provincias, así como la intervención de 19 empresas vinculadas. El fiscal Guillermo Marijuán señaló que “este es un paso clave para que el Estado recupere lo robado a todos los argentinos” y que el procedimiento “será exhaustivo para evitar maniobras de ocultamiento”.
Aún resta definir cómo se coordinarán estos decomisos con los ordenados en la causa Vialidad, luego de que el mes pasado se unificaran las penas impuestas a Báez por ambos procesos judiciales.