Tenso cruce entre la ministra de Gobierno y taxistas por las habilitaciones

Un tenso cruce de declaraciones se desató este jueves entre la ministra de Gobierno, Laura Palma, y Walter Ferrari, referente del sindicato de Taxis y Remises, en torno a la situación de las habilitaciones en el sector. Mientras la funcionaria denuncia una masiva irregularidad, el taxista acusa al gobierno de exagerar y esconder intenciones de abrir el mercado a empresas extranjeras como Cabify.

En declaraciones recientes, Palma sostuvo que “la mayoría no está actualmente con la habilitación vigente. Estamos hablando de un 90% que no tiene, por ejemplo, monotributo, requisito para ser proveedor del Estado. Entonces, cuando los llamás a regularizar, te dicen que tienen deudas, que no tienen tanto dinero, entonces dicen 'me resulta difícil porque laburo para comer, si pago esa deuda no tengo plata para arreglar el auto' y nosotros hemos sido muy tolerantes con el sector porque entendemos que es su fuente de trabajo".

Según indicó la funcionaria en Radio Sarmiento, se les ha dado plazo hasta el 31 de diciembre para normalizar su situación, advirtiendo que, de no cumplir, estarían en condiciones de perder sus licencias. “Es un escenario complejo”, concluyó.

Por su parte, Walter Ferreri no tardó en responder, refutando las cifras presentadas por Palma y acusándola de tener intereses ocultos. “Lo ha exagerado. La intención de ella es habilitar a Cabify, que depende de Arabia Saudita, porque paga una comisión al Gobierno. Si bien hay algunas irregularidades, no es como ella dice. Es una mentira gravísima. Hay casi 1180 vehículos perfectamente habilitados, mientras que entre 500 y 600 tienen algunos problemas. Eso sería un 30%, no el 90%. Si le voy a dar la razón en ese 30%, pero que no meta a todos en un mismo tarro”.

Ferreri, en diálogo con DIARIO HUARPE, cuestionó la veracidad de las declaraciones de la ministra: “Yo no sé si ella no sabe, siendo doctora, que no puede hacer declaraciones de cosas que no son”.

El conflicto parece reflejar tensiones más profundas en torno al modelo de negocio y la regulación del transporte. Mientras el Gobierno apunta a una modernización del sector y a asegurar el cumplimiento de requisitos legales, los representantes sindicales temen una competencia desleal y la posibilidad de fuga de capitales por la llegada de plataformas extranjeras. Además, el sindicato aseguró que desde Gobierno solo los recibieron cuando asumieron y que ahora "se esconden".