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Penitenciaria robó los datos de la tarjeta de su compañera y gastó $650.000
Penitenciaria de San Juan en problemas por estafar a una compañera de trabajo. La agente sanjuanina terminó recuperado su libertad, aunque con un proceso judicial en su contra.
POR REDACCIÓN
Grecia Jael Argañaraz Vega, agente penitenciaria, enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de defraudación informática en perjuicio de su compañera de trabajo, Cristina Andrea Moreta. La causa en la Justicia de San Juan se inició a partir de una denuncia interpuesta el jueves 16 de mayo de 2024, en la que Moreta acusó a Argañaraz de sustraer datos de su tarjeta de crédito y DNI para realizar compras y pagos fraudulentos.
Según la denuncia, las dos mujeres comparten guardia en el Servicio Penitenciario Provincial y suelen dejar sus pertenencias en una habitación sin cámaras de seguridad. En este contexto, Moreta sospecha que Argañaraz habría utilizado sus datos personales para realizar transacciones no autorizadas, que incluyeron pagos a Decsa, Ecogas, Mercado Pago, Dexter y MOOV, por un monto total de $658.038,23.
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Durante la investigación preliminar, se estableció que Argañaraz realizó pagos a la cuenta de Decsa, a nombre de Adrián Márquez, en una vivienda alquilada por ella en el Barrio San Juan III, Dpto. Caucete. Además, se confirmó que utilizó la tarjeta de crédito de Moreta para realizar dos pedidos en línea en la tienda Dexter.
En la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria, llevada a cabo este viernes 2 de agosto de 2024, el juez de garantías Alberto Caballero declaró la legalidad de la detención de Grecia Jael Argañaraz Vega, notificando a las partes en el acto.
Luego le imputó a la sospechosa la presunta comisión del delito de defraudación informática, en calidad de autora material, por un plazo de seis meses.
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Finalmente, ordenó la libertad de Argañaraz, con la condición de que se someta a diferentes medidas coercitivas: promesa de someterse al proceso penal y no obstaculizar la investigación; presentarse cada 20 días en la Comisaría 9°; prohibición de salir de la provincia o del país sin autorización judicial y rohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la denunciante, también en Caucete, y de establecer contacto con ella por cualquier medio.
Estas medidas se mantendrán durante el plazo de seis meses, bajo la advertencia de que la violación de estas restricciones podría resultar en la revocación de la libertad de Argañaraz. El proceso continuará con la investigación de los hechos por parte de la unidad fiscal Delitos Informáticos y Estafas y la eventual elevación a juicio de la causa.