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San Juan analiza verificar la entidad de las amenazas de bombas antes de activar protocolos
El fiscal Daniel Galvani confirmó que se analizan nuevas acciones para determinar la entidad de las llamadas falsas que activan protocolos costosos y masivos. Solo en agosto se registraron seis casos, lo que genera preocupación en la provincia.
Por Yanina Paez
San Juan atraviesa un escenario complejo en materia de seguridad tras el incremento de amenazas de bomba en edificios públicos y privados, lo que obligó a las autoridades a replantear estrategias. El fiscal Daniel Galvani, fiscal general interino tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, en diálogo con DIARIO HUARPE, brindó detalles sobre la situación actual y las medidas que se están evaluando para enfrentar este fenómeno que, aunque en muchos casos se trata de falsas alarmas, genera un fuerte impacto operativo y social.
“Estos últimos casos han sido menores los que han procedido a efectuar este tipo de llamadas, que no dejan de alertar a la población, y no podemos dejarlas pasar por alto”, sostuvo el fiscal. En este sentido, remarcó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra trabajando en la posibilidad de aplicar medidas complementarias para agilizar las investigaciones y reducir el perjuicio que implican estas amenazas.
Galvani aclaró que no se trata de una modificación del protocolo actual, sino de ajustes para mejorar la eficiencia en la respuesta: “Se han puesto en estudio nuevas medidas a optar, no a los efectos de modificar el protocolo, ni nada que se le parezca, sino a eventualmente establecer, si se quiere, la entidad de la llamada y actuar en consecuencia”, explicó.
El protocolo actual para estos casos implica la movilización inmediata de fuerzas de seguridad, bomberos, equipos especiales y personal especializado, además de la evacuación de edificios cuando se considera necesario. Este procedimiento es fundamental para garantizar la seguridad de la población, pero también representa un alto costo económico y logístico.
Cada llamada que activa el protocolo no solo interrumpe la actividad normal de los espacios afectados, sino que también despliega una cantidad considerable de recursos humanos y materiales. “Cada vez que ocurren estas situaciones se moviliza una cantidad de gente importante, personal, y ni hablar si es un edificio público con evacuación y todo eso”, enfatizó Galvani.
Dato
En el mes de julio, desde la Secretaría de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado reveló a DIARIO HUARPE que el costo del operativo por cada amenaza de bomba supera los 3 millones de pesos, un gasto significativo que preocupa a las autoridades.
Un problema en aumento
El contexto provincial muestra una tendencia alarmante: en lo que va del 2025 se registraron 15 amenazas de bomba, de las cuales ocho ocurrieron solo en el último mes. Estos números reflejan un crecimiento notable de este tipo de delitos, que no solo generan preocupación en la comunidad, sino que también ponen en riesgo la operatividad de los organismos y generan un gasto que impacta en el presupuesto estatal.
Las investigaciones buscan determinar el origen de las llamadas y aplicar sanciones a los responsables, dado que se trata de una práctica que atenta contra la seguridad pública y distrae recursos que podrían destinarse a emergencias reales.
Desde la Justicia y las fuerzas de seguridad se insiste en la gravedad de estas acciones, incluso cuando las amenazas resultan ser falsas, ya que obligan a activar mecanismos que implican evacuaciones, interrupciones de actividades y una fuerte movilización institucional.