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Rivadavia: Oposición pidió información sobre expropiación millonaria
La administración de Sergio Miodowsky avanza con la adquisición de un terreno estratégico para expandir el Palacio Municipal, pero concejales de la oposición exigen explicaciones detalladas sobre plazos, costos y procedimientos legales.
Por Marcos Ponce
El Municipio de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, se encuentra en el centro de un ambicioso y significativo proyecto de expropiación de un terreno vital para la futura expansión del Palacio Municipal. El objetivo es adquirir una parcela ubicada estratégicamente en avenida Libertador N° 5376 Oeste, frente a la sede comunal dónde supo funcionar la empresa de transporte La Nueva Sarmiento, para integrar este espacio al complejo existente y ampliar así las dependencias administrativas y funcionales del municipio. La iniciativa busca resolver la actual falta de espacio y, a su vez, dar una solución al notorio estado de abandono en el que se encuentra la propiedad. Sin embargo, el proceso se ha convertido en un punto de fricción política. Miembros del bloque peronista del Concejo Deliberante han levantado la voz, exigiendo un escrutinio detallado sobre los procedimientos y costos del proyecto.
La expropiación se fundamenta en la declaración de "utilidad pública" sobre el inmueble, una figura legal respaldada por la Ley Provincial N° 1.180-A. Las autoridades municipales argumentan que la parcela, con una superficie de 1955 m², es imprescindible para el óptimo funcionamiento del gobierno local, ya que la actual saturación de las instalaciones obliga a destinar fondos a alquileres externos. Además, la adquisición busca transformar un área que, según señalan, contribuye a la "contaminación visual ocasional" del entorno con chatarras y basuras.
Un detalle crucial que ha llevado a la expropiación es que el inmueble pertenece a una sociedad en proceso de quiebra, lo que imposibilita cualquier tipo de negociación directa. Esta situación ha obligado al municipio a recurrir a la expropiación como el único camino viable para asegurar el control sobre el terreno.
La hoja de ruta legislativa de esta expropiación se remonta al año 2018. El Concejo Deliberante, a través del Expediente N° 91-I-18, aprobó la declaración de utilidad pública del inmueble, decisión que fue formalizada con la Ordenanza N° 2803/2018. El proceso se enmarca en un "Trámite de Proceso Judicial Urgente" y ha contado con la evaluación de información catastral y la previsión de fondos necesarios para la indemnización. En febrero de 2024, un decreto autorizó un ajuste presupuestario que asignó $30.000.000 específicamente para la adquisición del inmueble, una decisión que posteriormente fue ratificada por el Concejo Deliberante.
A pesar de los avances administrativos, un informe clave del bloque Peronista del Deliberante, puso de manifiesto una serie de preocupaciones que han inyectado una cuota de tensión política al proceso. Los ediles solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal un detalle exhaustivo y aclaraciones sobre varios puntos críticos.
Entre las demandas de la oposición se encuentra un informe del Asesor Letrado que explique el incumplimiento de los plazos establecidos para la expropiación, un informe del Auditor Municipal sobre los costos fiscales asociados y las constancias registrales actualizadas del inmueble. También exigieron la presentación de un plan definitivo de expropiación, el avalúo oficial emitido por el Tribunal de Tasaciones de la provincia y un informe detallado de la Secretaría de Hacienda que justifique el destino de los $30.000.000 depositados en febrero de 2024, precisando la partida a la que se imputaron.
Estas preguntas apuntan directamente a la transparencia, la legalidad y la eficiencia de la gestión municipal en un proyecto de alto impacto. La solicitud de información completa, clara y pertinente es vital para garantizar que se cumplan todas las etapas del proceso sin irregularidades. La intervención del Concejo Deliberante demuestra la atención constante que el cuerpo legislativo ejerce sobre esta operación. El debate, con un nuevo capítulo en el horizonte, resalta la importancia de la fiscalización en la gestión pública.
Dato I
El bloque peronista de Rivadavia está compuesto por Romina Albarracín, Mónica Castro, Sergio Carrón y Martín Videla.
Dato II
Que los concejales, de cualquier signo político, y la sociedad en general conozcan todos estos detalles de los actos de gobierno, sería mucho más fácil si en San Juan se legisla sobre el acceso a la información pública.