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Se reabre la causa de las vacunas contra el ex presidente y Cristina Kirchner
La Cámara Federal revocó un fallo y ordenó profundizar la causa que busca esclarecer por qué el gobierno argentino demoró el acuerdo con la farmacéutica estadounidense en plena emergencia sanitaria.
POR REDACCIÓN
La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó reabrir una investigación para determinar por qué el gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner demoró la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19. La decisión revoca un fallo anterior del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias a fines del año pasado.
El tribunal, compuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, sostuvo que “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”.
Las causas que motivaron la reapertura incluyen dos denuncias presentadas en 2021: una por parte de un grupo de diputados de la oposición y otra por familiares de personas fallecidas por COVID-19. Ambas apuntan a esclarecer por qué la Argentina no accedió antes a las dosis de Pfizer, mientras otros países de la región sí lo hicieron.
Durante la pandemia, la demora en la adquisición de estas vacunas generó un fuerte debate político. Mientras el Gobierno priorizaba el plan de inmunización con la vacuna Sputnik V, surgieron sospechas sobre posibles pedidos de coimas y falta de transparencia. No fue hasta septiembre de 2021 que comenzaron a llegar al país 20 millones de dosis de Pfizer.
Según datos oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID-19 en Argentina no estaban vacunados o no tenían el esquema de refuerzo completo, lo que resalta la importancia de esclarecer lo ocurrido durante las negociaciones.
En su fallo original, el juez Lijo había considerado que no existían pruebas suficientes para avanzar en una imputación penal. Argumentó que la negociación con distintos laboratorios fue una decisión política dentro del marco legal. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló esa resolución, señalando la falta de medidas de prueba y la opacidad en el proceso de compra de vacunas.
La Cámara coincidió con el fiscal y remarcó que “los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo”. Por ello, ordenó que se profundice la investigación, especialmente en lo que respecta a posibles tratos desiguales entre laboratorios.
El fallo reabre un capítulo sensible de la gestión de la pandemia y vuelve a poner bajo la lupa las decisiones sanitarias del gobierno durante una de las crisis más graves que atravesó el país.