Despidos en Cimyn: Trabajo convocó a una audiencia para este lunes 6 de octubre

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan ha decidido asumir un rol de mayor peso en el conflicto laboral generado por los despidos en el sanatorio Cimyn. Mientras el sindicato de la sanidad, ATSA, exige la reincorporación inmediata de los empleados cesanteados, el Colegio Médico sostiene que las medidas son consecuencia de la "situación crítica, económica y financiera" que atraviesa el sector privado de la salud y este lunes habrá una audiencia de todas las partes a las 9.30 horas.

En este contexto de incertidumbre y cruce de acusaciones, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó en Radio Mitre 95.1 en San Juan que la gravedad de los últimos despidos lo llevó a intervenir personalmente en el caso, elevando el expediente al "cuarto piso" de la Subsecretaría. El objetivo central de la gestión de Marchese es asegurar la presencia de las máximas autoridades del Colegio Médico —el doctor Juan Carlos Bordes y el doctor Pablo Flores— en la mesa de diálogo, tal como lo había reclamado el gremio.

El conflicto entre el Colegio Médico y ATSA no es reciente, sino que se arrastra desde el principio de año. El sindicato denunció que los despidos se produjeron cuando aún estaban vigentes las instancias de diálogo. Sin embargo, Marchese aclaró la situación legal que rige actualmente el conflicto.

El subsecretario explicó que, si bien al principio de año se dictó una conciliación obligatoria por esta causa, esta "duró lo que legalmente se establece, que son 15 días hábiles ampliables por 10 días más". Marchese fue categórico al señalar que la conciliación obligatoria ya "feneció hace tiempo atrás" y que "no se puede volver a llamar a una nueva conciliación obligatoria por la misma causa o el mismo objeto por la que se llamó la primera".

En la actualidad, las audiencias que se han estado llevando a cabo son las denominadas "comunes o normales".

La diferencia entre estos estados legales es crucial para la estabilidad de los trabajadores. Marchese detalló: "Al no estar en obligatoria, formalmente hablando, el las partes pueden innovar". Esto implica que, sin la restricción legal de la conciliación obligatoria, el Colegio Médico "puede despedir o puede suspender" y, a su vez, el sindicato "lo que puede hacer es tomar medios de fuerza".

En virtud de la falta de obligatoriedad, Marchese se mostró cauteloso respecto a la posibilidad de revertir las cesantías. Al ser consultado sobre si los despidos tienen chance de quedar "en la nada", el subsecretario afirmó: "Yo lo veo, la verdad. No lo veo medio complicado, o sea, todo depende del Colegio médico, nada más que de ello, depende de la empresa. Ojalá, ojalá que así sea".

El funcionario subrayó que si el conflicto estuviera bajo conciliación obligatoria, la respuesta sería distinta. "Si estuviéramos en conciliación obligatoria, yo les digo, miren, no pueden despedir, tienen que sí o sí están obligados a reincorporarlos". Pero al no estar formalmente en esa instancia, la decisión recae exclusivamente en la voluntad de la institución.

Para lograr un avance, Marchese ha convocado a una nueva audiencia con la condición de que "se sienten las autoridades sí o sí del colegio médico, que es lo que el sindicato está pidiendo, que se sienten personas con poder suficiente de decisión. Caso Bordes, caso Flores".

El conflicto se profundizó a principios de octubre de 2025, cuando alrededor de diez empleados del Cimyn fueron despedidos. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, afirmó que las desvinculaciones, concentradas principalmente en el área administrativa, se deben a la caída de la demanda y el aumento de los costos. Bordes señaló que la crisis afecta al sistema de salud debido a la migración de pacientes del ámbito privado al público, estimando que un "30% más de pacientes se están atendiendo en el hospital público" debido a que muchos sanjuaninos ya no cuentan con obra social.

ATSA, por su parte, rechazó categóricamente la justificación de crisis. Andrés Aguilera, secretario financiero de ATSA, sostuvo que el Cimyn se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, figura legal que implica un procedimiento preventivo de crisis (PPC), pero aseguró: "Jamás presentaron un convenio de crisis ante las autoridades, por lo cual rechazamos de manera categórica esa figura legal".

Marchese complementó esta disputa legal aclarando que, aunque se presentara un PPC, la Subsecretaría provincial ya no es competente para entender en estos procedimientos, ya que la competencia fue transferida exclusivamente a la Secretaría de Trabajo de la Nación en 2020, durante la pandemia. A pesar de esta limitación, el subsecretario reconoció que la Subsecretaría de la provincia queda en la primera línea de acción, ya que son ellos quienes "atajamos los penales".