Un pequeño paso para el periodismo, un gran paso para San Juan

Cuando desde el periodismo logramos correr velos que obstaculizan el derecho a saber, no estamos dando un paso para nuestra profesión, sino un salto significativo para la sociedad. En este sentido, me permito parafrasear una frase célebre para afirmar que la reciente publicación de los currículums de los postulantes para el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan es "un pequeño paso para el periodismo, pero un gran paso para la ciudadanía de San Juan". Este gesto, tan necesario como revelador, subraya lo vital que es conocer los antecedentes y la trayectoria de quienes aspiran a ocupar un puesto de tan alta relevancia institucional.

Este paso no fue fortuito; fue el resultado de una solicitud formal presentada por DIARIO HUARPE al Consejo de la Magistratura el pasado 2 de septiembre de 2025. Nuestro pedido no fue una mera formalidad; fue una insistencia férrea, fundamentada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, en defensa del derecho inalienable de los sanjuaninos a estar informados, a promover la transparencia institucional y a asegurar una participación democrática en los asuntos públicos. La rápida y positiva respuesta del Consejo, que preside el ministro de la Corte Juan José Victoria, al hacer públicos los perfiles de los 35 aspirantes al puesto vacante tras el fallecimiento del Dr. Eduardo Quattropani, establece un precedente histórico en San Juan en materia de transparencia judicial. Los antecedentes de estos postulantes ahora están, por fin, al alcance de todos.

Sin embargo, este "pequeño paso" no debe hacernos olvidar una realidad persistente y, francamente, vergonzosa. San Juan sigue siendo una de las cuatro provincias argentinas que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública. Este compromiso, asumido en su momento por el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac en el marco del Acuerdo San Juan, y también prometido por el actual mandatario Marcelo Orrego, permanece como una deuda pendiente con la ciudadanía. Es incomprensible, a estas alturas, que nuestra provincia continúe en la retaguardia nacional en una materia tan fundamental para la salud democrática. Contar con una ley provincial de esta índole no es un capricho; es una necesidad imperiosa para consolidar la transparencia en todos los actos de gobierno y garantizar un derecho básico en cualquier república que se precie de serlo. Esta promesa no puede seguir siendo solo eso: una promesa.

La necesidad de esta transparencia se vuelve aún más patente al considerar el alarmante panorama de los vínculos entre el poder político y la justicia, tal como lo ha revelado un exhaustivo informe de las organizaciones Ruido y CONNECTAS. Este estudio posiciona a la Corte de Justicia de San Juan como la que más vínculos políticos tiene con la política partidaria en todo el país. Estos datos no son meras estadísticas; son el reflejo de una realidad que nos interpela profundamente: de los cinco ministros actuales, cuatro fueron exfuncionarios de los gobiernos peronistas de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Más aún, la totalidad de los jueces de nuestra Corte (Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo DeSanctis y Juan José Victoria) tienen vínculos previos con el Poder Ejecutivo y fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron o tuvieron relación antes de asumir sus bancas. Las trayectorias de algunos de ellos lo demuestran.

Este patrón nos ubica en el podio nacional, junto a La Rioja y San Luis, como las jurisdicciones donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas con lazos estrechos con el poder político antes de su nombramiento. Esta situación, si bien las designaciones han respetado los mecanismos legales previstos y ninguna norma prohíbe explícitamente estos nexos, mina los cimientos mismos de nuestra institucionalidad y, naturalmente, genera profundos interrogantes sobre la independencia de poderes. La independencia de los poderes no es un capricho teórico; es la garantía misma de nuestra república. No es casualidad que la baja confianza de la sociedad en la Justicia argentina, que según Latinobarómetro es del 22% (inferior al promedio latinoamericano), se atribuya en parte a esta politización.

Fernando Gauna Alsina, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, reconoce que, si bien "quizás no sea el escenario ideal", es imperativo explorar las credenciales y competencias jurídicas de los jueces, y demandar a la política "algún proceso de selección serio que promueva estándares altos para ocupar tales cargos".

El acceso a la información pública, como el logrado con los currículums de los postulantes a Fiscal General, es una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda ejercer un control efectivo, comprender mejor quiénes ocupan los espacios de poder y exigir procesos de selección más rigurosos y transparentes. Es un derecho que fortalece la democracia y que, en San Juan, aún necesita de una ley que lo institucionalice plenamente, más allá de gestos puntuales. La verdadera fortaleza de nuestra democracia reside en la capacidad de sus ciudadanos para saber, para cuestionar, para participar. Es hora de que las promesas de una Ley de Acceso a la Información Pública se conviertan en una realidad legislativa. La confianza en la justicia y la salud de nuestra república dependen de ello.