Vallejos presentó otro pedido de juicio político contra Marcelo Lima

El dirigente liberal, Sergio Vallejos, ha dado un paso significativo al presentar un nuevo pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima. Esta acción se suma a la denuncia original que Vallejos había interpuesto el 1 de octubre, en la que también se incluían a otros cortistas como Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. En esta ocasión, Vallejos ha decidido ampliar su acusación, centrándose en la irregularidad de que un ministro de la Corte mantenga un registro notarial a su nombre, específicamente el registro número 22, lo que, según el denunciante, representa una clara violación de las normas de incompatibilidad.

Vallejos enfatizó la gravedad de la situación, acusando a Lima de haberse beneficiado de su rol como notario, incluso mientras ocupaba cargos públicos. “Lima ha retenido el registro número 22 notarial a lo largo de su carrera política, violando las normas de incompatibilidad”, afirmó Vallejos, quien también criticó la falta de control del Colegio Notarial de San Juan sobre esta situación. Según el empresario, Lima ha lucrado a través de este registro mientras desempeñaba funciones en la Corte, lo que considera una grave irregularidad y un ejemplo de los “beneficios de la casta política”.

Vallejos sostiene que, aunque Lima no ejerza directamente como notario, ha continuado obteniendo ganancias mediante la delegación de sus funciones a otro escribano, algo que considera inadmisible para un miembro de la Corte de Justicia. Esta ampliación de la denuncia se suma al pedido original que Vallejos presentó el 1 de octubre, y a partir del 8 de octubre, la Comisión Investigadora ha comenzado el proceso correspondiente, que tiene un plazo final de 40 días hábiles.

El pedido de Vallejos se fundamenta en dos puntos principales. En primer lugar, cuestiona un fallo de la Corte en la causa de expropiación de La Superiora, argumentando que este impone un cálculo de la Tasa Activa sobre el valor actual del inmueble, lo que, a su juicio, afecta negativamente las finanzas del Estado