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Walberto Allende pidió informes a Nación por el régimen de Zona Fría
Diputado sanjuanino presentó un proyecto para que el Ministerio de Economía detalle el impacto de la resolución que modificó el régimen de Zona Fría. Cuestionó que se haya limitado el acceso a tarifas sociales sin contemplar la vulnerabilidad social.
Por Gustavo Bruni
El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, presentó un pedido de informes al Gobierno nacional con el objetivo de esclarecer el alcance de la reciente Resolución 219/2025, publicada el pasado 23 de mayo. La norma, firmada por la Secretaría de Energía, introduce modificaciones en el acceso a los beneficios del régimen de Zona Fría, afectando directamente a usuarios vulnerables que antes gozaban de tarifas subsidiadas para el consumo de gas natural y gas licuado de petróleo.
En su presentación, Allende solicitó que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía en su rol de fiduciante del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales, informe si se tuvieron en cuenta las estadísticas oficiales relacionadas con los criterios de vulnerabilidad que establece la ley. El legislador reclamó que se precise cuántos beneficiarios reciben actualmente el descuento tarifario bajo ese régimen, desglosado según categorías protegidas por la normativa vigente, como titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados, monotributistas sociales, trabajadores en relación de dependencia de bajos ingresos y otros sectores alcanzados por programas sociales.
El cuestionamiento central del diputado sanjuanino radica en que la nueva resolución contradice el espíritu de la ley. Si bien la parte considerativa reconoce que los usuarios con más de un medidor pueden presentar pruebas de su vulnerabilidad a través de la “Ventanilla Única Social” de Anses, la parte dispositiva de la medida directamente excluye esa posibilidad. En consecuencia, cualquier persona con más de un medidor queda automáticamente excluida del cuadro tarifario reducido al 50%, independientemente de su situación socioeconómica.
Allende advirtió que esto representa un retroceso en derechos conquistados por los sectores más desfavorecidos del país. Recordó que la Ley 27.637 amplió la vigencia del régimen hasta 2031 e incorporó al beneficio a nuevas regiones del país, bajo criterios técnicos del Enargas. También remarcó que el artículo 8 de dicha ley habilita a la autoridad de aplicación a contemplar situaciones de necesidad para flexibilizar los requisitos de acceso a la tarifa reducida. “La norma nueva desconoce esa facultad al excluir cualquier excepción, aun cuando la capacidad de pago del usuario esté sensiblemente afectada”, enfatizó.
En los fundamentos de su pedido, Allende también apuntó contra los lineamientos ideológicos del Gobierno de Javier Milei, al recordar su declaración de que “la justicia social es una aberración”, pronunciada en su discurso de febrero ante el BID en Washington. Para el legislador sanjuanino, esa visión se plasma en decisiones concretas como esta, que afectan la calidad de vida de familias con bajos ingresos en zonas frías del país.
El proyecto solicita respaldo de la Cámara de Diputados en la defensa del principio de equidad, recordando que la tarifa diferencial busca garantizar igualdad de oportunidades en regiones con mayores exigencias energéticas por cuestiones climáticas. Con su pedido, Allende busca revertir la aplicación restrictiva de la resolución y reinstalar el derecho de los usuarios a acreditar su vulnerabilidad, aun cuando tengan más de un medidor registrado a su nombre.