Organizaciones socioambientales de toda Argentina alzaron su voz contra el decreto presidencial que pretende modificar la Ley 26.639 y permitir la destrucción de glaciares menores a una hectárea. Denuncian que se trata de un intento inconstitucional que pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas y privilegia los intereses de las corporaciones mineras e hidrocarburíferas.