POR REDACCIÓN
06 de noviembre de 2019
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), solicitó hoy a la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa), comitente de la obra de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, información sobre un supuesto error en la construcción de la presa Cóndor Cliff. La nota dirigida a Claudia Liliana Mundo, presidenta de Ieasa (fusión entre la ex Enarsa y Ebimasa), que presentó la FARN (integrante con la Fundación Banco de Bosques, Vida Silvestre y Aves Argentinas, de la coalición “Río Santa Cruz Sin Represas”, con el patrocinio de Andrés Nápoli) fundamenta su pedido en una publicación del portal especializado EconoJournal. “Un error en la construcción en la represa Cóndor Cliff provocó una enorme grieta de 20 metros en uno de los taludes de contención del vertedero que se montaron sobre el Río Santa Cruz”, lo que habría demandado “la erogación adicional de 250 millones de dólares”, según la publicación a la que alude la FARN al solicitar informe a Ieasa, invocando el marco legal de acceso a la información pública. El Derecho de Acceso a la Información Pública establece un plazo no mayor de 15 días para proveer una respuesta, prorrogables de forma excepcional por igual período. La FARN busca establecer si es necesario reubicar la pared de hormigón o desvío del río, si se realizaron los correspondientes estudios ambientales, geológicos, quién los hizo, si fueron publicados y si se convocó a una audiencia pública, entre otra información. Cristian Fernández, abogado de la FBDB explicó a Télam que “el estudio de impacto ambiental que se presentó en el Congreso en julio de 2017 en audiencia pública, era sobre ciertas coordenadas para la pared de hormigón y desvío del río, que si son modificadas queremos que la información sea conocida por todos, e incluso se convoque a una nueva audiencia pública para revisar esos riesgos”. El abogado ambientalista advirtió que la UTE Represas Patagonia y la estatal Ieasa “entran en contradicciones” al comunicar oficialmente por un lado la constructora que “los cambios a implementar se realizarán dentro del mismo monto de la financiación de los bancos chinos aprobado a la fecha”. Mientras la comitente informó que “para mitigar el impacto ambiental de los deslizamientos” detectados desde octubre de 2018, autorizó tareas que representan aproximadamente un monto de US$ 5 millones “que no implica necesariamente un traslado directo al costo final de la obra”.
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