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Carpem exige celeridad al Gobierno para resolver el conflicto minero en Calingasta
A través de una solicitada pública, la Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (Carpem) solicitó al Gobierno de San Juan “celeridad y mediación política” para resolver el conflicto con la comunidad de Calingasta
POR REDACCIÓN
La Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (Carpem) publicó una solicitada en la que insta al gobernador de San Juan a intervenir de manera urgente para resolver el conflicto generado en Calingasta por la traza del recorrido que realizarán los camiones que transportarán el material extraído en la mina Hualilán (departamento Ullum) hacia la planta de procesamiento Casposo.
Bajo el título “Urge Mediación Gubernamental para Desbloquear el Potencial Económico de la Mina Hualilán en San Juan”, la organización advirtió que las tensiones con la comunidad calingastina podrían retrasar la puesta en marcha de uno de los proyectos auríferos más importantes de la provincia y pidió “celeridad y decisión política” para encauzar el diálogo.
“Hualilán representa una oportunidad histórica para consolidar el liderazgo minero de San Juan”, señala el texto firmado por las autoridades de CARPEM, encabezadas por el arquitecto Luis Crocco. “La intervención del gobierno provincial es clave para destrabar este conflicto, garantizar previsibilidad y permitir que la mina entre en plena producción”, agrega.
Una oportunidad que no debe perderse
Carpem recordó que Hualilán, operada por Golden Mining S.A., filial de Challenger Gold, podría generar cientos de empleos, nuevas contrataciones locales y un fuerte flujo de inversiones. El proyecto, que contempla una inversión inicial cercana a los 150 millones de dólares, es considerado por el sector como un motor clave para la reactivación económica postpandemia y la expansión del clúster minero sanjuanino.
La entidad, que reúne a más de 50 empresas proveedoras de servicios energéticos y mineros del país, destacó que el emprendimiento puede “revitalizar la economía regional”, siempre que se garantice la participación de proveedores locales y el cumplimiento de los estándares de minería responsable.
Según el documento, la logística del proyecto prevé convoyes controlados de hasta cinco camiones, que operarían de lunes a viernes entre las 6 y las 18, con medidas de seguridad y mitigación ambiental. Sin embargo, las quejas de los vecinos de Calingasta —que rechazan el paso de camiones por la villa cabecera y por la ruta 149— generaron un conflicto que, hasta ahora, frena el avance operativo.
Reclamos locales y necesidad de diálogo
Los calingastinos sostienen que el tránsito minero por zonas pobladas implicaría riesgos para la seguridad vial, contaminación por polvo y afectación a la actividad turística. Por ello, las cámaras empresarias y el municipio plantearon la necesidad de evaluar trazas alternativas, como el camino de El Puntudo o un baipás por Alcaparrosa, que desvíe los camiones antes de llegar al casco urbano.
En este contexto, el intendente de Calingasta y el diputado provincial Jorge Castañeda solicitaron una “decisión política” que priorice la convivencia entre la minería y la comunidad. Desde el Ministerio de Minería, el titular Juan Pablo Perea ya mantuvo reuniones con representantes locales para escuchar los reclamos y analizar opciones.
No obstante, CARPEM advierte que la demora en una definición podría poner en riesgo inversiones y contratos que beneficiarían a proveedores sanjuaninos. “Retrasar Hualilán equivale a postergar prosperidad. En juego hay miles de empleos y millones de dólares en regalías que podrían destinarse a educación, salud y obras públicas”, señala el comunicado.
“El desarrollo minero necesita previsibilidad y diálogo”
En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de Carpem, Luis Crocco, explicó que la cámara busca “una mediación urgente, sin politizar el tema”.
“A mi entender, son claves tres puntos: legitimidad, oportunidad y responsabilidad. Desde CARPEM venimos trabajando por una minería responsable y federal, donde las oportunidades no queden concentradas en pocas manos, sino que se transformen en trabajo, inversión y capacitación para los sanjuaninos”, expresó.
Crocco remarcó que la cámara representa a empresas que viven de la minería y la energía: “Nuestro rol no es político, sino institucional. Lo que pedimos es previsibilidad y diálogo para que los proyectos no se paralicen por falta de mediación o planificación.”
El dirigente enfatizó que el desarrollo minero requiere tres licencias: ambiental, social y económica. “Hualilán tiene las dos primeras en proceso. Ahora falta consolidar la tercera: la licencia social mediante diálogo y obras complementarias”, afirmó.
“San Juan no puede darse el lujo de frenar Hualilán”
Crocco destacó que Hualilán es una de las minas auríferas más avanzadas del país y que su puesta en marcha “significa cientos de empleos, nuevas contrataciones locales y más regalías para la provincia”.
“San Juan tiene la posibilidad de demostrar que se puede hacer minería moderna, ambientalmente controlada y con proveedores locales. No estamos hablando de imponer, sino de mediar. La comunidad tiene inquietudes legítimas, pero el Estado tiene herramientas para resolverlas con inversión vial y planificación conjunta”, señaló.
En su visión, el conflicto puede transformarse en un caso testigo: “Si el gobierno provincial toma la iniciativa, este caso puede ser un ejemplo de cómo equilibrar desarrollo con convivencia territorial. Hoy se necesita liderazgo político que permita que el vecino viva tranquilo y el minero pueda trabajar. Ese equilibrio es el que pedimos desde CARPEM.”
“Retrasar Hualilán es retrasar el futuro”
Para finalizar, Crocco insistió en que la minería no es un obstáculo, sino una oportunidad.
“San Juan tiene el oro, tiene la gente y tiene el conocimiento. Lo que necesitamos ahora es decisión y diálogo para transformar ese potencial en futuro. Hualilán puede marcar un antes y un después, pero solo si actuamos a tiempo.”
Según el dirigente, detrás del proyecto “hay trabajo, inversión y esperanza para San Juan”. Por eso, Carpem solicita una mediación urgente del Ejecutivo provincial para resolver las diferencias y permitir que el desarrollo minero avance sin conflictos.
“Las oportunidades, si no se gestionan, se pierden. Y San Juan no puede darse el lujo de perder esta”, concluyó.