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Comenzó el proceso para que autores de amenazas paguen los operativos
La Fiscalía de Estado presentó las primeras demandas por daños y perjuicios. Los responsables de las falsas alarmas deberán enfrentar reclamos que superan los $4 millones por cada operativo generado.
POR REDACCIÓN
La Fiscalía de Estado de la provincia inició acciones legales civiles contra los autores de las falsas amenazas de bomba que generaron numerosos operativos de evacuación en los últimos tiempos. El fiscal Sebastián Dávila confirmó en Radio Amanecer que en el transcurso de hoy se presentarán al menos dos demandas por daños y perjuicios, con la expectativa de que sean tres, y que la semana próxima continuarán con otras más.
"Hasta el momento teníamos contabilizado 17, pero bueno, han habido más", señaló el fiscal respecto al número total de casos que se pretenden judicializar. El objetivo de estas demandas es obtener una reparación económica por los perjuicios causados. Dávila explicó que el monto mínimo de la indemnización no puede ser menor a los $4.000.000, cifra que parte de la base de los costos de los operativos desplegados a raíz de las primeras llamadas. "Si le sumamos algunas otras cuestiones que se colocan en las demandas de daño y perjuicio, el monto mínimo no puede ser menos de 4 millones", precisó.
Frente a la posibilidad de que los responsables sean insolventes, el fiscal aclaró que ello no es un impedimento para iniciar las acciones legales. "No podemos anticiparnos a su realidad, no sabemos qué patrimonio tiene, pero sí lo que sabemos es que el daño lo ocasionó y tiene que ser reparado y pagar por lo que hizo", afirmó. En esos casos, se podrán aplicar medidas judiciales de coerción, como embargos sobre bienes muebles o inmuebles, para asegurar el eventual pago de la deuda una vez que la situación patrimonial del demandado mejore.
Respecto a los menores de edad involucrados, Dávila confirmó que se iniciarán demandas contra quienes ejercen la responsabilidad parental, tal como lo establece el Código Civil. Sobre los plazos del proceso, el fiscal advirtió que "lamentablemente esto lleva tiempo". Si no se logra un acuerdo en la etapa de mediación obligatoria que ahora se abre, el caso avanzará a un juicio con producción de prueba, lo que puede extender el proceso por varios años.