Exigen declarar en desacato a Argentina en EE.UU. por el caso YPF

El prolongado conflicto judicial por la expropiación de YPF volvió a tensarse en los tribunales de Nueva York. Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton, adelantó que pedirá a la Justicia estadounidense que declare a la Argentina en desacato por incumplir órdenes vinculadas a la entrega de documentación clave. La disputa, que suma más de una década, ahora se encamina hacia una fase de máxima fricción judicial y política, con posibles consecuencias económicas para el país.

El reclamo de Burford apunta a la presunta falta de presentación de correos electrónicos y mensajes intercambiados entre funcionarios y exfuncionarios, material exigido para avanzar en la denominada “causa del alter ego”. Aunque la Argentina cuenta formalmente con plazo hasta el 10 de enero para completar la entrega, el fondo considera que el país desoyó reiteradamente las órdenes del tribunal y busca acelerar una declaración de desacato que podría habilitar sanciones adicionales, incluidos eventuales embargos de activos estatales en el exterior.

La jueza Loretta Preska ya dejó asentado el malestar por los incumplimientos. En una audiencia celebrada el 9 de diciembre, advirtió que la documentación debería haberse recolectado semanas atrás, otorgó una prórroga extraordinaria y alertó sobre la posibilidad de sanciones si persistía la falta de colaboración. En ese marco, autorizó a los demandantes a presentar la moción de desacato entre mediados de enero y principios de marzo, lo que abre una ventana crítica para la estrategia legal del país.

El corazón del conflicto: el argumento del “alter ego”

Más allá del envío o no de documentación, el trasfondo del reclamo apunta a un objetivo mayor. Burford intenta demostrar que empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central, operan como extensiones directas del Estado argentino. Si los tribunales aceptaran esa interpretación, se ampliaría significativamente el universo de bienes y activos susceptibles de embargo, un escenario que preocupa a los equipos legales y económicos del Gobierno por los riesgos patrimoniales que podría implicar en el exterior.

Según el expediente, parte de los funcionarios requeridos ya entregó información. Sin embargo, figuras de alta exposición política habrían rechazado hacerlo o no respondido a los pedidos, lo que fortalece, según los demandantes, la idea de falta de cooperación y podría endurecer la posición de la jueza Preska frente a los próximos pasos procesales.

Expectativa por el fallo de fondo

Mientras escala la tensión en el frente documental, la Argentina aguarda una resolución por la apelación central del caso YPF, vinculada a la expropiación de 2012. El fallo podría conocerse en cualquier momento y condiciona los movimientos de ambas partes. Dentro del oficialismo interpretan que la presión procesal de Burford responde a esta inminencia: ganar tiempo, aumentar el margen de negociación y elevar el costo financiero y reputacional para el país.

En un escenario ya cargado de incertidumbre económica, la posible declaración de desacato en suelo estadounidense agregaría un nuevo punto de conflicto para la diplomacia argentina y su frente judicial internacional, con consecuencias que podrían ir más allá del expediente YPF.