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Comunidades indígenas en alerta tras la derogación de la Ley 26.160
El Consejo de Participación Indígena (CPI) manifestó su enérgico rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24, aprobado por el gobierno nacional. La medida, que habilita el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios, fue calificada como inconstitucional y violatoria de derechos fundamentales.
La Ley 26.160, que estuvo vigente desde 2006 y fue prorrogada hasta noviembre de 2025, garantizaba la suspensión de desalojos en tierras ocupadas por comunidades indígenas y promovía el relevamiento territorial para reconocer la propiedad comunitaria. Sin embargo, el nuevo decreto del presidente Javier Milei, publicado recientemente en el Boletín Oficial, deroga esta normativa y habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir en casos de conflicto por tierras.
"Con estas acciones el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y el gobierno nacional se ponen, definitivamente, en contra de los derechos de los pueblos indígenas y al servicio de desalojos de familias indígenas de sus territorios", dice el comunicado del Consejo Indígena.
El Decreto 1083/24 justifica la derogación señalando que la "prolongada emergencia generaba inseguridad jurídica" y afectaba a terceros que se perciben como propietarios de los territorios. Para las comunidades indígenas, esta argumentación desestima su historia, derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
"Genocidas, mercenarios, servidores del pasado en copa nueva, que se adjudican ser propietarios privados, son bandidos, forajidos que pretenden hacer negocio con nuestros territorios ancestrales", expresan en el escrito oficial.
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Preocupación por desalojos y conflictos sociales
Organismos de derechos humanos y comunidades indígenas advierten que la medida podría incrementar los desalojos masivos y profundizar la desigualdad estructural que afecta a los pueblos originarios.
"Con este decreto, se incumple el consentimiento libre, previo e informado que debe regir cualquier medida administrativa que afecte nuestros derechos y territorios", afirmó Nadia Gómez, representante del Pueblo Huarpe de San Juan, en contacto con DIARIO HUARPE.
Según Gómez, quien también representa al Consejo de Administración Forestal (FSC) del Cono Sur, la derogación refleja una falta de compromiso del Estado para completar los relevamientos territoriales previstos por la ley derogada.
"En 18 años, el avance en el reconocimiento efectivo de las tierras ha sido limitado, dejando a cientos de comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica y social", dijo Gómez.
Un llamado a la unidad y la acción
Desde el Consejo de Participación Indígena se declaran en estado de alerta y convocan a todas las comunidades indígenas y organizaciones sociales del país a movilizarse en defensa de sus derechos.
En el comunicado, los delegados del Consejo señalaron: "Estamos en alerta para cualquier movilización que se requiera. Reiteramos nuestro compromiso de luchar por la justicia y la dignidad de nuestros pueblos".
Además, elevaron un petitorio urgente a legisladores nacionales, solicitando el rechazo y la nulidad del DNU 1083/24. Argumentan que la medida no solo vulnera derechos constitucionales, sino que contradice acuerdos internacionales firmados por la República Argentina.
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Firma de líderes indígenas de todo el país
El documento fue respaldado por representantes de distintos pueblos originarios de Argentina, entre ellos, los de San Juan, Jujuy, Tierra del Fuego, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, La Pampa, Tucumán, Corrientes, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Formosa.
Para las comunidades indígenas, esta derogación representa un retroceso en su lucha histórica por el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales.
"No sabemos cuál es la urgencia para tomar esta medida. Lo que está en juego es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra subsistencia como pueblos originarios", concluyó Gómez.
La lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas continúa, mientras el país observa cómo la relación entre el Estado y las comunidades originarias enfrenta uno de sus momentos más tensos en años.