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Judiciales > Formación y justicia

Con presencia sanjuanina, capacitaron a funcionarios en escenas de crimen y prevención de tortura

Funcionarios judiciales y especialistas sanjuaninos participaron en Mendoza de las jornadas sobre prevención de la tortura y recolección de pruebas en escenas del crimen.

Hace 3 horas
Se hicieron prácticas forenses de recolección de pruebas en escenas de crimen. FOTO: Gentileza

La condena a seis penitenciarios del Servicio Penitenciario de Mendoza por las torturas sufridas en 2010 por el joven William Vargas en el penal de San Felipe marcó un antes y un después en el tratamiento judicial de estos delitos. La sentencia, dictada en 2019 y confirmada tanto por la Suprema Corte provincial como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo reconoció la gravedad de los hechos sino que ordenó medidas reparatorias. Entre ellas, la implementación de instancias de formación obligatoria para funcionarios judiciales en materia de investigación y sanción de la tortura.

En cumplimiento de esa resolución, entre el 16 y el 18 de septiembre se desarrollaron en Mendoza las Jornadas de capacitación para la implementación efectiva de los protocolos de Estambul y Minnesota en Cuyo, en las que participaron representantes sanjuaninos, organizadas por la Suprema Corte provincial junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los protocolos, adoptados por Naciones Unidas, son herramientas fundamentales para estandarizar la investigación de casos de tortura y de muertes potencialmente ilícitas.

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Las jornadas contaron con especialistas internacionales como la colombiana Verónica Hinestroza, integrante del comité que actualizó el Protocolo de Estambul, y el argentino Luis Fondebrider, miembro del equipo que revisó el Protocolo de Minnesota. También participaron profesionales del EAAF y representantes de organizaciones de derechos humanos como Xumek, patrocinantes legales de William Vargas.

El encuentro reunió a magistrados, fiscales, defensores y equipos forenses de Mendoza, San Luis y San Juan. Desde esta última provincia asistieron fiscales, integrantes del Ministerio Público y profesionales del área médico-forense, además de especialistas vinculados al trabajo de campo científico. Entre ellos se destacó la presencia de Gema Guiomar Huetagoyena Gutierrez arqueóloga forense sanjuanina, que es miembro del CAMIT, que es el equipo que trabaja desde el 2002 en Pozo Vargas, de Tucumán, (centro de tortura, detención y desaparición de víctimas del terrorismo de estado), también es miembro del EMAF, que es el equipo mendocino de Arqueología y Antropología Forense, y colabora con Complejo científico forense y de criminalística de la corte de justicia de Justicia, junto a Fernando Gambetta y la directora del cuerpo médico forense, Eugenia juarez. La experiencia de Huetagoyena en la recuperación de restos y evidencias en contextos de graves violaciones a los derechos humanos aportó una perspectiva interdisciplinaria de gran valor para las mesas de trabajo.

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Gema (medio) una de las profesionales que trabaja en la recolección en escenas investigadas. FOTO: Gentileza

Durante las tres jornadas se abordaron aspectos teóricos y prácticos de la investigación judicial, desde la importancia de entrevistas seguras con víctimas de tortura hasta la preservación de la escena del crimen y la correcta recolección de restos óseos y material contextual. Las actividades prácticas incluyeron simulaciones de procedimientos forenses coordinadas por el EAAF, que permitieron a los asistentes aplicar directamente las metodologías internacionales.

El cierre de la capacitación estuvo marcado por un balance general en el que se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre provincias y de integrar los saberes de la medicina legal, la antropología y la arqueología forense. En ese sentido, la participación sanjuanina fue señalada como un aporte esencial para consolidar un enfoque multidisciplinario en la investigación judicial de la tortura y otros tratos crueles.

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De este modo, lo que comenzó con un caso de extrema violencia en San Felipe se transforma hoy en una instancia de aprendizaje colectivo, donde especialistas de distintas disciplinas y provincias trabajan juntos para que la justicia pueda actuar con mayor eficacia y respeto por los derechos humanos.

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