Cristina Kirchner volvió a la carga contra restricciones judiciales

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a poner en el centro de la escena las limitaciones impuestas a su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, específicamente en lo que respecta a su régimen de visitas. La exmandataria realizó una nueva presentación judicial este viernes 20, tras una aclaración de la Justicia que establece que solo su núcleo familiar, abogados y médicos pueden ingresar a su residencia.

A través de su cuenta de X, la extitular del Ejecutivo retuiteó un mensaje del diputado nacional Leopoldo Moreau, en el que se hablaba de la instauración de una "dictadura de los jueces".

"Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio", fue la ironía de la exvicepresidenta, quien cumple una condena de seis años por la causa Vialidad.

Por su parte, Moreau afirmó que "no hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial". El diputado nacional de Unión por la Patria continuó su defensa de Kirchner: "Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas".

Moreau también hizo hincapié en los derechos de aquellos que buscan reunirse con ella, como los legisladores nacionales. "El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas. Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales. Es decir, nos podemos presentar a visitar a quienes consideramos la conductora de nuestro espacio político con la sola acreditación de nuestra condición de diputados o senadores nacionales", sostuvo el legislador.

Moreau calificó la restricción como un "severísimo conflicto de poderes" y adelantó que el hecho será denunciado ante la Unión Interparlamentaria Mundial como "una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción".

La nueva presentación ante el Tribunal Oral Federal N°2 por parte de Cristina Kirchner busca la revocación de estas limitaciones. En el escrito, la expresidenta manifestó: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior (amigos, amigas, compañeros, compañeras), y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles". Y añadió: "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo".

La defensa, a cargo de Carlos Beraldi, advirtió que "la medida genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte". Argumentaron que, más allá de la pena privativa de libertad y la inhabilitación perpetua, la asistida "no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos".

Además, la defensa consideró que los jueces no tienen la capacidad de imponer "reglas de conducta adicionales" que excedan el acatamiento riguroso de la privación de la libertad. "No se indica, siquiera de manera aproximada, cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa por parte del tribunal. Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados", señalaron. La defensa concluyó que esta regla de conducta "no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo" y tiene una finalidad "no explicada".