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Política > Excedido de poder

Donald Trump indultó a 75 aliados por su rol en la disputa electoral

El presidente de EE.UU. firmó un indulto “total, completo e incondicional” para 77 personas involucradas en acciones orientadas a cuestionar el resultado electoral de 2020.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Donald Trump tomó una polémica decisión en Estados Unidos. (Foto gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una fuerte controversia institucional al conceder un indulto generalizado a 77 personas vinculadas a los intentos de desconocer los resultados de las elecciones de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden. Entre los beneficiados figuran figuras centrales de su entorno como Rudy Giuliani, Mark Meadows, John Eastman, Kenneth Chesebro y el asesor Boris Epshteyn.

El documento, difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, señala que la medida cubre “cualquier conducta relacionada con los esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades del sistema”. Además, describe las investigaciones judiciales posteriores a los comicios como “una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense”.

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La orden establece que el indulto es “total, completo e incondicional”, lo que implica que ninguna administración futura podrá iniciar acciones penales por los hechos contemplados. Aun así, aclara expresamente que la medida “no se aplica al presidente de Estados Unidos”, excluyendo a Trump de toda protección legal.

Entre los indultados también se encuentran expresidentes del Partido Republicano de estados clave como Georgia, Arizona y Nevada, donde se realizaron maniobras legales para revertir los resultados electorales o promover listas alternativas de electores.

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El anuncio generó inmediato impacto político y reacciones en Washington. Dirigentes demócratas criticaron el indulto por considerarlo un acto de “blindaje” para quienes impulsaron acciones orientadas a deslegitimar el proceso democrático. En filas republicanas, la medida fue celebrada por sectores que sostienen la teoría del fraude electoral y reclaman una revisión profunda del sistema.

La decisión se produce en un contexto de creciente polarización y vuelve a situar en el centro de la agenda la disputa sobre la legitimidad de las elecciones que marcaron la transición presidencial de 2020.

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