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El Gobierno cambia de estrategia y no deroga universidades ni discapacidad
El Gobierno no insistirá con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y avanzó con una contrapropuesta para sostener el déficit cero.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional resolvió no insistir en el Senado con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y avanzó en el diseño de alternativas para garantizar el equilibrio fiscal en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026. La definición se tomó luego de reafirmar la necesidad de aprobar una ley de gastos sin déficit, una de las condiciones centrales del presidente Javier Milei.
Según indicaron fuentes oficiales, en Casa Rosada se elaboró una propuesta que mantiene vigentes ambas leyes y, al mismo tiempo, compensa su impacto fiscal. “No deroga las leyes, representa un esfuerzo económico del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, señalaron desde el entorno presidencial.
Si bien la mesa política había evaluado avanzar con las derogaciones, finalmente se descartó esa alternativa y los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaboraron una contrapropuesta que acompañará el dictamen del Presupuesto 2026, que este mediodía obtuvo despacho en el Senado.
En relación con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno propone respetar su vigencia e incorporar modificaciones. Entre ellas, se establece que la pensión no contributiva equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al régimen previsional. Además, se prevé su compatibilidad con un vínculo laboral cuando los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se plantea mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se definirá en función de los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la variación del Índice de Precios al Consumidor. El procedimiento será determinado de manera conjunta por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, con ajustes trimestrales.
Otro de los puntos incluidos es la aceleración de las auditorías sobre pensiones, con el objetivo de profundizar los controles y avanzar en la baja de aquellas que presenten irregularidades. Además, se propone eliminar la creación de una nueva pensión no contributiva por discapacidad y mantener el régimen vigente.
En cuanto al financiamiento universitario, el Ejecutivo no avanzará con su derogación y propone, en cambio, un incremento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento respecto de los créditos asignados en 2025. Para los salarios, se plantea una actualización escalonada con un aumento del 5% desde diciembre de 2025 y subas del 2% mensual entre enero y abril de 2026. También se prevé revisar en junio la compensación por inflación y avanzar en la actualización de becas.
Con las derogaciones fuera de la discusión, el Gobierno buscará incorporar los artículos restantes del capítulo XI del proyecto, vinculados a los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en línea con un fallo de la Corte Suprema.
La decisión se conoció luego del encuentro entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, realizado en el Palacio de Hacienda. En el Ejecutivo confían en que estos cambios faciliten la negociación con gobernadores y bloques aliados para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 antes de fin de año.