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El Gobierno de Javier Milei cerró una obra social por irregularidades
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó a la Obra Social del Personal Aduanero por múltiples irregularidades. Es la primera baja desde que asumió Javier Milei y marca el inicio de una auditoría más estricta sobre el sector.
POR REDACCIÓN
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó a la Obra Social del Personal Aduanero por múltiples irregularidades. Es la primera baja desde que asumió Javier Milei y marca el inicio de una auditoría más estricta sobre el sector.
Por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional decidió dar de baja una obra social del sistema de salud argentino. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (Ospad), que fue eliminada del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) tras detectarse numerosas irregularidades.
La decisión fue oficializada este martes a través de la Resolución 1022/2025 publicada en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo encabezado por Gabriel Oriolo. Según fuentes oficiales, la Ospad nunca llegó a prestar servicios médico-asistenciales, no contaba con afiliados y carecía de toda estructura operativa.
“Esta obra social no tuvo actividad desde su inscripción y no contaba con afiliados ni estructura de prestación”, explicaron desde la SSS. La medida es parte del nuevo enfoque del gobierno libertario que busca auditar y depurar el sistema de salud, apuntando especialmente a los denominados “sellos de goma”, es decir, entidades que se inscriben solo para recibir subsidios sin brindar servicios reales.
En paralelo, el Ejecutivo declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, que deberá presentar un plan de contingencia para revertir su situación financiera. De no hacerlo, correrá la misma suerte que la Ospad y será liquidada.
La semana pasada, también fueron declaradas en crisis otras cuatro obras sociales: la de Fedecámaras, Técnicos de Fútbol, Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos y Volkswagen Argentina S.A. Estas entidades deberán presentar informes detallando cómo garantizarán la continuidad de las prestaciones médicas para sus afiliados.
Desde el inicio de la gestión de Oriolo, la Superintendencia ya intervino 8 obras sociales y declaró en crisis a 11 más. La estrategia oficial incluye una fuerte reestructuración del sistema para eliminar privilegios, mejorar la transparencia y garantizar que solo las entidades que cumplan con los requisitos continúen operando.
Una de las medidas clave en este sentido fue la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que desde 2024 se distribuye en función de la cantidad real de afiliados, perjudicando a las entidades con baja matrícula y beneficiando a las más grandes. Esto representó un recorte de $3.483 millones para 201 obras sociales, muchas de las cuales pertenecen a sindicatos con escasa estructura real.
“El sistema debe funcionar con reglas claras, transparencia y competencia. Las auditorías van a continuar y quienes no cumplan serán liquidados”, señalaron fuentes oficiales.