Política > Propuesta divisiva
El Gobierno quiere que los extranjeros paguen por salud y educación con la nueva ley migratoria
Milei y su equipo plantearon una nueva ley migratoria que será enviada pronto al Congreso.
POR REDACCIÓN
El Gobierno está trabajando en una nueva ley migratoria con el objetivo de reformar el acceso de los extranjeros no residentes a los servicios públicos y fortalecer los controles migratorios. Este proyecto, mencionado por el presidente Javier Milei en la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, se espera que sea tratado y aprobado antes de que termine 2025.
La reforma migratoria propone el cobro de servicios de salud y educación para aquellos extranjeros que se encuentren en el país de manera transitoria o temporaria. Esta medida sigue el ejemplo de provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que ya han comenzado a cobrar por ciertos servicios médicos, lo que ha reducido significativamente el "turismo sanitario" y generado ahorros fiscales.
Asimismo, la nueva legislación busca agilizar la deportación de extranjeros involucrados en delitos, endurecer los requisitos para obtener la residencia definitiva y reforzar los controles fronterizos para supervisar el ingreso y egreso de personas del territorio nacional.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, está a cargo de la redacción del nuevo articulado de la ley, en reemplazo de la actual Ley de Migraciones 25.871, que fue modificada en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Según declaraciones del presidente Milei, Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración, pero no debe convertirse en un "centro de beneficios financiado por el bolsillo de los argentinos". También sostuvo que es necesario permitir que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no sean residentes permanentes.
Si bien la propuesta genera resistencia en algunos sectores de la oposición, en el oficialismo consideran que cualquier traba en el Congreso favorecerá su discurso contra la "casta política". En caso de no lograr la aprobación legislativa, el Gobierno no descarta avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para implementar los cambios.