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Política > Motosierra apagada

El Gobierno suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en Andis

El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En un giro significativo para miles de beneficiarios, el Gobierno ha resuelto poner en pausa todas las decisiones relacionadas con las bajas de las pensiones por discapacidad que se estaban efectuando en el país. La determinación se produce en medio de una inspección interna profunda sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo intervenido que gestionaba estas pensiones.

La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien semanalmente informa al asesor presidencial, Santiago Caputo, sobre el proceso de reordenamiento de la entidad. Esta suspensión, aclararon las autoridades, estará activa mientras dure la investigación interna en la agencia.

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La auditoría en Andis se desencadenó luego de la filtración de audios del entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, quien reconocía una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos. A raíz de esto, no solo se suspendió la tarea de dar de baja pensiones, sino que también se ordenó revisar las más de 120 mil bajas ya efectuadas bajo su administración.

Hasta el momento de la intervención, la agencia había dado de baja a 128.667 beneficiarios que, según se detectó, habían ingresado al sistema con irregularidades. De este total, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por diversos motivos, como la presentación de documentos idénticos (radiografías, ecocardiogramas, mediciones de presión). Adicionalmente, 8.107 pensiones eran cobradas por personas ya fallecidas y 10.038 correspondían a ciudadanos que habían renunciado a la ayuda. Según lo anunciado previamente por el vocero Manuel Adorni, este proceso progresivo buscaba abarcar más de un millón de casos.

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Mientras la auditoría se lleva a cabo, no se enviarán nuevas citaciones ni se avanzará con los controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que actualmente cobran este beneficio por invalidez laboral. Si bien se aclaró que "técnicamente el procedimiento de baja o altas de pensiones no se pausó" y la Andis "sigue trabajando", cualquier decisión futura se tomará "con los resultados de la auditoría". La investigación se centra en tres aspectos clave: las pensiones, las compras y la estructura de la agencia.

Cabe destacar que el Gobierno también ha suspendido la idea de transformar el ente de un organismo descentralizado a un área dentro del Ministerio de Salud. Esta modificación administrativa enfrenta una traba significativa, ya que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa de la Ley Bases, lo que implicaría que la medida debería pasar por el Congreso. La autonomía permitía manejar su propio presupuesto y realizar compras y contrataciones sin pasar por la cartera de Salud, una situación que ahora, tras la intervención, está bajo escrutinio.

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Esta decisión de suspender las bajas se tomó antes de que, este mismo jueves, el Senado de la Nación revirtiera un reciente veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad. La norma, que vuelve a tener luz verde, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas. El veto fue desactivado con una amplia mayoría de 63 votos a favor (incluyendo kirchnerismo, radicales, macristas y bloques provinciales) y solo 7 en contra. A pesar de esto, el presidente Javier Milei considera que la medida afecta fuertemente el equilibrio fiscal y tiene pensado judicializar la cuestión para evitar cumplir con los aumentos previstos.

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