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Escándalo en el Senado bonaerense: detienen a dos empleados acusados de abusos y liderar una secta
Los imputados, una pareja de funcionarios con más de una década en la Cámara alta, están acusados por cinco mujeres de manipulación sectaria y abusos sexuales que habrían ocurrido, en parte, dentro del propio recinto legislativo.
POR REDACCIÓN
Un grave caso que involucra denuncias por abuso sexual y la presunta existencia de una secta sacude a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Dos empleados del cuerpo legislativo, identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, se encuentran detenidos desde el 30 de diciembre tras ser acusados por cinco mujeres. La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, avanza sobre hechos que habrían ocurrido entre 2015 y 2023 y cuyos escenarios incluirían oficinas dentro del propio Senado.
Los imputados, pareja y dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana (una agrupación kirchnerista), eran funcionarios en una oficina de la Presidencia del Senado desde hace más de una década, según se estima. Silva Muñoz, además, se había desempeñado como referente feminista dentro de la agrupación y fue precandidata a concejala en La Plata.
El modus operandi: captación política y sometimiento místico
Según los testimonios de las víctimas –cuyas identidades están resguardadas–, el método consistía en captar a adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario, ofreciéndoles pasantías laborales en el Estado o becas. Los espacios de militancia política y el ámbito educativo eran los principales lugares de reclutamiento.
Una vez establecido un vínculo de confianza o dependencia, introducían a las jóvenes en lo que denominaban “La Orden de la Luz”, una estructura sectaria donde Rodríguez se presentaba como un “Dios Kiei” y Silva Muñoz como su “sensei” o maestra espiritual. Bajo esta premisa, las convencían de que debían satisfacer sexualmente al líder como parte de un “reentrenamiento espiritual obligatorio” para un propósito superior. Los abusos, según las declaraciones, se habrían cometido bajo amenazas con armas blancas y encerronas, tanto en domicilios particulares como en una oficina del Senado.
Investigación ampliada: sospechas sobre el área de Género y el Ministerio de Seguridad
La pesquisa judicial no se limita a los dos detenidos. Fuentes judiciales confirmaron que se investiga la conducta de funcionarios del área de Género de la Cámara de Senadores y del Ministerio de Seguridad bonaerense, ante la sospecha de que hubo conocimiento de los hechos y una posible omisión o encubrimiento.
Una de las víctimas relató haber denunciado los abusos en octubre de 2024 ante una abogada del área de Género del Senado, quien elaboró un informe que derivó al Ministerio de las Mujeres. Posteriormente, en enero de 2025, la denunciante contactó a Melina Gaudino, directora de Coordinación Municipal del Ministerio de Seguridad, y al abogado Claudio Yacoy. Ambos les habrían asegurado que la causa avanzaba y que los imputados estaban por ser indagados, información que resultó falsa. La constatación de este engaño por parte de las víctimas en agosto pasado llevó a la Justicia a incluir esta línea de investigación.
Pruebas y fundamentos de las detenciones
En los allanamientos se secuestraron computadoras y teléfonos celulares, cuyos peritajes están en curso. Las víctimas aportaron como prueba correos electrónicos con contenido místico y de sometimiento. El juez de Garantías Juan Pablo Masi, al dictar la prisión preventiva por 15 días más para ambos acusados, fundamentó que existían elementos suficientes para sostener que las víctimas “eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas”. Sobre Silva Muñoz, el magistrado destacó que, en su rol de referente de género, en lugar de proteger a las mujeres de su agrupación, “persuadía a las integrantes (…) dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas”.
La fiscal Lacki solicitó la extensión de las detenciones para continuar con la recepción de testimonios, los análisis de los dispositivos electrónicos y aguardar informes oficiales del Senado que confirmen la situación laboral exacta de los acusados. El caso, que podría extenderse a más funcionarios, continúa su curso en el Poder Judicial bonaerense.