Eco Huarpe > Histórico
Expectativa por la sentencia a Ricardo La Regina por la "Masacre de pingüinos" en Punta Tombo
El empresario fue hallado culpable de daño agravado y crueldad animal, y la pena podría conocerse este viernes. La condena marca un hito en la justicia ambiental argentina al sentar un precedente contra delitos ecológicos.
Este viernes, el empresario Ricardo La Regina podría conocer la pena que deberá afrontar tras haber sido declarado culpable de daño agravado y crueldad animal. La decisión llega luego de los devastadores hechos en la reserva natural de Punta Tombo, donde en 2021 fueron destruidos nidos de pingüinos y murieron más de un centenar de estas aves. Pese a que se esperaba un veredicto el lunes pasado, la justicia de Chubut pospuso la definición y los jueces se tomaron cinco días hábiles para determinar la condena.
TE PUEDE INTERESAR
Los magistrados, el lunes, volvieron a citar a los testigos, esta vez con preguntas más específicas y técnicas, para evaluar con precisión el daño ambiental y determinar la pena que impondrán.
La fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para La Regina y una indemnización de 518 mil dólares, lo que sería un precedente en la justicia ambiental argentina, al representar el primer caso de daño ambiental agravado que alcanza esta instancia judicial.
Un crimen ecológico que no pasó desapercibido
La conmoción por este caso trascendió a nivel nacional e internacional, porque Punta Tombo, ubicada en la costa de Chubut, es uno de los hábitats más importantes de pingüinos de Magallanes en el mundo y alberga la segunda colonia de esta especie en el planeta.
Este ecosistema protegido es comparado por los expertos con la Gran Barrera de Coral o las islas Galápagos por su importancia para la biodiversidad global.
La destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de más de un centenar de aves fueron el resultado de las acciones de La Regina, propietario de la estancia Punta Clara, quien usó maquinaria pesada para construir un camino ilegal que atravesaba el área de cría de los pingüinos.
Además, el empresario instaló un alambrado electrificado de 900 metros, que bloqueó el paso de las aves e interrumpió sus patrones de reproducción, afectando de manera irreparable el equilibrio del ecosistema local.
La sentencia contra La Regina representa un mensaje claro de la justicia: los actos de destrucción de la naturaleza y el maltrato a la fauna no humana tienen consecuencias penales.
TE PUEDE INTERESAR
Un precedente para la justicia ambiental en Argentina
El rol de la fiscal general Florencia Gómez, encargada de la investigación, fue fundamental para el avance de este caso. La fiscalía presentó pruebas científicas y técnicas que documentaron de forma exhaustiva el impacto de las acciones de La Regina en el hábitat de los pingüinos y en la biodiversidad de Punta Tombo.
Desde la acusación, se hizo hincapié en la importancia de preservar esta especie, catalogada como “Casi Amenazada” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la cual enfrenta serias amenazas por actividades humanas, cambio climático y contaminación.
Activistas y abogados ambientales han celebrado esta condena como un hito para la justicia ambiental en el país, señalando que marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad ecológica.
Las organizaciones ambientalistas aseguran que el fallo sienta un precedente en el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas y la biodiversidad, y que podría inspirar futuras legislaciones en el ámbito de la protección ambiental.
TE PUEDE INTERESAR
El futuro de la justicia ecológica en Argentina
Este caso subraya la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de un sistema de justicia ambiental en Argentina que no solo castigue a los responsables de estos delitos, sino que también garantice la restauración de los ecosistemas afectados.
Cerrar este capítulo en Punta Tombo marca un paso significativo hacia una mayor protección de la biodiversidad y podría ser un pilar fundamental para construir una justicia ecológica que actúe como garantía contra la destrucción ambiental.