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Sentencia histórica en Punta Tombo: La Regina culpable de destruir nidos de pingüinos y dañar el ecosistema

Ricardo La Regina fue condenado por los delitos de daño agravado y crueldad animal tras la masacre de más de un centenar de pingüinos y la destrucción de nidos en la reserva natural de Punta Tombo. El fallo representa un precedente histórico en la lucha por la protección de los animales y del medio ambiente en Argentina. 

10 de noviembre de 2024
La sentencia de los jueces se conocerá este lunes 11 de noviembre,

Este jueves, la justicia de Chubut emitió un veredicto sin precedentes en Argentina al declarar culpable al empresario Ricardo La Regina por "daño agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal". El caso, que conmocionó tanto a nivel nacional como internacional, tiene su origen en los devastadores hechos ocurridos en 2021 en la Reserva de Punta Tombo, uno de los hábitats más importantes de pingüinos de Magallanes en el mundo. La sentencia marca un hito para la justicia ambiental en Argentina, al sentar un precedente contra la impunidad de los delitos ecológicos cometidos por actores poderosos.

La Regina, propietario de la estancia Punta Clara, fue imputado tras utilizar maquinaria pesada para construir un camino ilegal que afectó gravemente la biodiversidad local. Durante ese período, entre agosto y diciembre de 2021, destruyó al menos 175 nidos de pingüinos y causó la muerte de más de un centenar de aves y sus crías.

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Además, la construcción de un alambrado electrificado de 900 metros bloqueó el paso de las aves, interrumpiendo su reproducción y afectando de manera irreversible el equilibrio de todo el ecosistema de la región.

"Hoy la justicia dejó un mensaje muy claro: destruir la naturaleza y maltratar animales no humanos es un delito y tiene consecuencias penales", destacó Lucas Micheloud, abogado ambientalista y codirector de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien junto a otras organizaciones, actuó como querellante en el caso. Este veredicto se produce tras un juicio que comenzó el 28 de octubre de 2023. Las imágenes difundidas de los nidos aplastados y los pingüinos muertos, que fueron ampliamente compartidas en los medios, generaron una ola de indignación en la sociedad y lograron que el caso trascendiera fronteras.

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"Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino un crimen contra la naturaleza", señaló Micheloud.

Matías Arrigazzi, integrante de Greenpeace, también destacó el carácter histórico de la sentencia. "Es un hito para la justicia ambiental", señaló, subrayando que la resolución tiene el potencial de sentar las bases para políticas ambientales más estrictas.

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En este sentido, la fiscal general Florencia Gómez, quien estuvo a cargo de la investigación, destacó que "los delitos cometidos quedaron acreditados con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado". La fiscal también enfatizó el desprecio del imputado por la biodiversidad y la seriedad del daño que causó, que fue motivado por intereses económicos personales.

El juicio no estuvo exento de controversias. En la primera jornada, La Regina propuso una "solución reparatoria", ofreciendo la donación de 500 hectáreas al Estado para compensar el daño. Sin embargo, tanto la fiscalía como los querellantes rechazaron la propuesta, argumentando que no se trataba de una simple cuestión de compensación, sino de un delito ambiental grave que debía ser abordado con todas las consecuencias legales.

El daño causado por La Regina no se limitó a la muerte de los pingüinos, sino que afectó profundamente a un ecosistema entero. Como advirtió Arrigazzi, el desmonte de la vegetación nativa tiene efectos mucho más amplios, como la alteración del ciclo del agua y la posibilidad de inundaciones en las áreas adyacentes, lo que exacerba los impactos en la fauna local. “Hablar de los pingüinos es importante, pero este caso muestra cómo un daño como este puede desestabilizar todo un ecosistema", agregó.

No son propiedad privada

Este fallo también resalta un punto crucial en el que el tribunal reafirmó que los animales y el ambiente no son propiedad privada de los terratenientes. "El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita", sentenció Arrigazzi. Esta afirmación es crucial en un país donde los delitos ambientales a menudo quedan impunes debido al poder económico y político de los involucrados.

La Reserva de Punta Tombo, que alberga una de las colonias más grandes de pingüinos de Magallanes, es un área protegida de vital importancia para la biodiversidad global. Esta especie, catalogada como "Casi Amenazada" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), enfrenta múltiples amenazas, tanto terrestres como marinas, debido a la actividad humana, el cambio climático y la contaminación.

La condena a La Regina es un paso significativo hacia la consolidación de una justicia ambiental más firme en Argentina. Micheloud y otros activistas y abogados ambientales han celebrado el fallo como un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad ambiental.

"Este caso trasciende la provincia de Chubut y tiene un impacto en todo el país", afirmó el abogado. La sentencia de los jueces, que se conocerá este lunes 11 de noviembre, marcará la pena a la que será sometido el empresario, cerrando un capítulo que, para muchos, representa una nueva era en la justicia ecológica de Argentina.

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