Judiciales > Imputación
Investigaron a dos exempleados de Data 2000 por un fraude millonario de $7 millones
La empresa sanjuanina denunció a una exresponsable de convenios y a un técnico por desviar fondos de pagos a comercios. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
POR REDACCIÓN
La Justicia sanjuanina investiga un posible fraude millonario en perjuicio de la firma Data 2000, dedicada a la emisión de tarjetas de crédito regionales. Dos exempleados de la compañía fueron denunciados por presuntamente desviar fondos que correspondían a comercios adheridos y que, según la auditoría interna, habrían alcanzado un perjuicio estimado en unos $7 millones.
La presentación judicial fue hecha ante el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los acusados son Roxana Isabel Flores, quien se desempeñaba como responsable del área de convenios con comercios, y Enrique Gutiérrez, técnico de la empresa con sede en pleno centro sanjuanino.
El abogado Rubén Pontoriero, representante legal de Data 2000, sostuvo en la denuncia que ambos habrían participado en maniobras fraudulentas que alteraron el normal flujo de pagos hacia los comercios. “Se detectaron operaciones que generaron un importante desbalance económico en las cuentas de la compañía”, se expuso en el escrito.
La investigación interna de la firma comenzó en 2024, luego de que comerciantes presentaran reclamos por demoras en los pagos de ventas realizadas con la tarjeta. Un informe jurídico detectó inconsistencias entre lo que figuraba en la documentación oficial y los montos efectivamente cobrados por los locales.
Según la denuncia, Flores tenía a su cargo la gestión de pagos y la negociación de intereses con los clientes. En paralelo, Gutiérrez habría desviado cheques hacia su cuenta personal. La auditoría reveló que varios cheques emitidos a nombre de comerciantes fueron endosados y depositados directamente en la cuenta del exempleado.
Además, se constató la falta de devolución de convenios y órdenes de pago al área administrativa, lo que imposibilitó controles efectivos y abrió la sospecha de adulteraciones en los registros.
Los investigadores calcularon que las diferencias detectadas ascienden a casi $7 millones. Esa suma corresponde a los fondos que debían acreditarse a los comercios y que, en cambio, fueron canalizados hacia las cuentas personales de los exempleados ahora bajo investigación.
Con el patrocinio de Pontoriero, Data 2000 pidió al fiscal la adopción de diversas medidas de prueba: la citación de empleados y comerciantes, el levantamiento del secreto bancario de las cuentas implicadas y la adopción de medidas precautorias para evitar nuevos perjuicios.
La audiencia de formalización estaba prevista para este martes, bajo la presidencia de la jueza Celia Maldonado. Sin embargo, la defensa de los acusados planteó la nulidad porque la jueza que ordenó las primeras actuaciones había sido Verónica Chicón. Tras el planteo, Maldonado se apartó y se decidió que Chicón sea quien presida la nueva audiencia.
Con la reprogramación, la definición sobre la responsabilidad penal de Flores y Gutiérrez quedará pendiente. Mientras tanto, la denuncia de Data 2000 busca avanzar en la obtención de pruebas para determinar si efectivamente existió una defraudación y establecer el destino de los casi $7 millones desaparecidos.