Juicios laborales por accidentes: Mendoza entre las provincias con mayor litigiosidad del país

La provincia de Mendoza ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cantidad de juicios laborales por accidentes de trabajo en lo que se refiere a su población activa, según un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Solo en los últimos doce meses, la provincia acumuló casi 10.000 casos, quedando detrás de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.

Este dato se da en un contexto que los especialistas definen como paradójico: mientras los accidentes laborales disminuyen, los juicios por estos motivos siguen aumentando. En el primer trimestre de 2025 ya se registraron 25.621 nuevas demandas en todo el país. Si la tendencia se mantiene, el año cerraría con un récord de 132.100 casos, un 70% más que en 2018 y un 4,76% por encima de 2024.

“El sistema está bajo una tensión extrema. Otorga cobertura de calidad a más de 10 millones de trabajadores, pero enfrenta una litigiosidad creciente que lo pone en riesgo”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la UART. A nivel internacional, la situación es aún más llamativa: en Argentina se contabilizan 114 juicios por cada 10.000 trabajadores, muy por encima de países como Chile (5,8) o España (8,5), con sistemas de cobertura similares.

Uno de los factores que explican esta diferencia es el funcionamiento del sistema pericial. A diferencia de otros procesos judiciales, en los juicios laborales por accidentes no se recurre a peritos oficiales del Poder Judicial, sino a peritos de parte. La ley nacional 27.348, aprobada en 2017, estableció nuevos criterios para profesionalizar estas pericias, promoviendo la participación de médicos seleccionados por concurso, con honorarios desvinculados del resultado del juicio y aplicando herramientas como el Baremo y la Ley de Excedencia Proporcional (LEP). Sin embargo, su implementación ha sido desigual en el país.

Mientras provincias como Salta aplican la ley de forma efectiva —con una tasa de judicialidad del 3%—, otras como Jujuy, que no la implementaron, alcanzan niveles del 114%. Mendoza adoptó un sistema intermedio, en el que el Estado revisa las pericias, aunque sin lograr una reducción significativa en la cantidad de litigios.

El impacto de esta situación en la economía es notable. La alta litigiosidad encarece el costo laboral, afecta la competitividad del sector privado y desincentiva la contratación formal. “Una pyme con dos o tres empleados no siempre sobrevive a un juicio. Las costas pueden ser letales”, explicó Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys).

Además, Alín hizo hincapié en otro problema: los certificados médicos psiquiátricos, que muchas veces escapan al control de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y son difíciles de probar. “Hay abusos que terminan perjudicando tanto a empleadores como a empleados genuinamente afectados”, señaló.

Desde el empresariado, también se alza la voz por una reforma del sistema. Mario Bustos Carra, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, pidió actualizar las leyes laborales para frenar la "industria del juicio". “No se trata de quitar derechos, sino de generar un sistema justo y funcional. Hoy contratar en blanco es una apuesta arriesgada”, aseguró.

El debate está instalado y pone en evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del trabajador y la sostenibilidad del sistema laboral. Mendoza, con sus cifras, se convierte en un ejemplo clave para comprender los desafíos actuales del modelo argentino.

Fuente: Diario Los Andes.