La comunidad Huarpe Talquenca en alerta por intento de despojo de tierras ancestrales

La comunidad indígena Huarpe Talquenca, asentada en El Encón, departamento 25 de Mayo, provincia de San Juan, por estos días enfrenta un nuevo capítulo en una larga historia de vulneración de derechos. Un fallo judicial, que podría concretarse en los próximos días, habilitaría a particulares a tomar posesión de sus tierras que ya fueron relevadas y reconocidas como de ocupación ancestral por el Estado. En este marco, Nadia Gómez, integrante de la comunidad Huarpe del Territorio del Kuyum, Consejera de Participación Indígena (CPI) y representante del Consejo de Administración Forestal (FSC), explicó la complejidad del conflicto territorial y detalló los pasos a seguir.

“Estamos a la espera de la resolución del juez Luis César Arancibia, pero de antemano nos parece un nuevo atropello a los comunidades indígenas, porque no solo se están violando derechos constitucionales y leyes internacionales, sino también, se están omitiendo antecedentes legales irrefutables, ya que el mismo juez, que en 2012 había reconocido la preexistencia de las comunidades indígenas en este territorio, es quien estaría por avalar una subasta que entrega la posesión a privados sobre tierras comunitarias”. empezó diciendo Nadia Gómez a DIARIO HUARPE.

Acciones urgentes para frenar el avance sobre tierras indígenas

La tensión crece a medida que pasan los días y mientras se aguarda la resolución judicial, desde la comunidad han comenzado a planificar distintas vías institucionales para frenar lo que consideran un atropello escandaloso.

"Además de las acciones legales que ya se han hecho, vamos a pedir reuniones con la directora de Políticas para la Equidad de la provincia; con el vicegobernador Fabián Martín, y con el propio juez Arancibia, para exponer todas las irregularidades y errores que se están cometiendo, como pasa siempre en casos cuando hay una comunidad originaria en el medio", explicó Gómez.

De no tener respuestas positivas en estos encuentros, la CPI de la comunidad Huarpe informó que avanzarán con denuncias ante organismos provinciales y nacionales, e incluso internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Vamos a llevar el caso a la Defensoría del Pueblo, tanto de la provincia como de Nación, y vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo. "Estamos agotando todas las vías institucionales, porque el Estado argentino, desde hace años, está incumpliendo sus propias leyes, incluso su Constitución Nacional”.

Derechos vulnerados y confusiones jurídicas

Para Nadia Gómez uno de los elementos centrales del conflicto es el desconocimiento, y en algunos casos, la tergiversación de la normativa vigente. “Hay una gran confusión jurídica. Se piensa que por la derogación de la ley de emergencia territorial, se invalidan los relevamientos previos, pero no es así. Los relevamientos como el que se hizo en Talquenca en 2018, son válidos legalmente, porque fueron realizados por el Estado nacional y provincial, con estudios catastrales, jurídicos y antropológicos, que avalan la ocupación tradicional desde antes de 2006, año de sanción de la Ley 26.160”, aclaró Gómez. Incluso recordó que, en el marco de obras financiadas por el Banco Mundial, como la línea de interconexión eléctrica de 500 kV, que atraviesa el territorio Talquenca, fue la comunidad —y no los supuestos propietarios— la que fue consultada, como lo exige la normativa internacional. “Hay registros claros de que fue la comunidad la que autorizó esta obra, porque es la que vive en el lugar”, remarcó.

La referente indígena denuncia además, que muchos jueces de Argentina, están dando lugar a reclamos de terratenientes amparados en la “prioridad” de la propiedad privada como valor central del actual gobierno nacional, sin considerar los tratados internacionales vigentes como el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhiere.

“Ese convenio obliga al Estado a consultar de forma libre, previa e informada a las comunidades ante cualquier medida que las afecte, y eso no se está cumpliendo”, subrayó.

Un fallo judicial que podría poner en riesgo a más de 40 familias

Lejos de ser un conflicto individual, particular y sectorizado, Gómez advirtió y aclaró que en este litigio está en juego todo el territorio comunitario. “Se dice que son 10 familias las afectadas en este conflicto puntual, pero, en realidad son más de 40 las que viven, trabajan y comparten este espacio. Esa tierra es de pastoreo y de uso colectivo, incluso por comunidades cercanas. Es decir, si se da lugar a esta posesión, se pone en riesgo toda la estructura comunitaria. Porque no estamos hablando de una propiedad individual, sino de un territorio colectivo, que tiene un uso ancestral, cultural y social”.

Para la consejera huarpe, la posible entrega de tierras ancestrales a particulares, significaría un retroceso en materia de derechos indígenas.

“Este conflicto es reflejo de una emergencia que atraviesa a muchas provincias de Argentina como Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja o Neuquén. Es parte de una avanzada sobre los territorios comunitarios”, alertó.

Frente a esta situación, Gómez contó que, en unos días, el Consejo de Participación Indígena Nacional hará público un comunicado oficial al respecto. 

Dato 

En Argentina hay más de 400 conflictos territoriales con pueblos indígenas.

El proyecto de propiedad comunitaria y la necesidad de acción política

Ante este escenario, Nadia Gómez contó que la comunidad trabaja actualmente en un proyecto de ley provincial de propiedad comunitaria que esperan presentar ante la Legislatura. Un proyecto que fue prometido por el Estado provincial, pero nunca se trabajó. “La potestad de inscribir a las comunidades en el registro de tierras ahora la tiene la provincia. Pero, todavía no se ha creado el espacio administrativo ni las herramientas legales para que eso funcione. Necesitamos que se apruebe el proyecto provincial de propiedad comunitaria, porque de esa manera se evitarán todos estos tipos de conflicto", manifestó.

Una urgencia que interpela al Estado

Mientras esperan la resolución judicial, el mensaje del Pueblo Nación Huarpe es claro: la defensa del territorio ancestral no es una opción, es una obligación. Y la responsabilidad recae sobre todos los poderes del Estado. “La Constitución dice que somos preexistentes al Estado. Un título de propiedad colonial no puede estar por encima de ese derecho. Por eso estamos frente a un escándalo institucional”, concluyó Gómez.