La Corte confirmó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben devolver U$S 500M

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la exvicepresidente y los otros ocho condenados deberán devolver al Estado una cifra que supera los 500 millones de dólares. Este monto se desprende de la actualización de los 85.000 millones de pesos reclamados por la Justicia en diciembre de 2022, ajustados por la inflación y una tasa de interés.

El fiscal Diego Luciani ya lo anticipaba en 2022 al cerrar sus alegatos: "Señores jueces, es el momento, es corrupción o justicia". Meses después, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictó sentencia, convirtiendo a Cristina Kirchner en la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción. La condena, efectiva desde este martes, incluye seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a lo que se suma ahora esta pesada sanción económica.

El decomiso inicial de $85.000 millones equivalía a 483 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento ($176 por dólar del Banco Nación). A esto se le suma un 2% anual de la tasa activa del Banco Nación, lo que representa unos 19 millones de dólares adicionales. Así, la cifra total asciende a aproximadamente 502 millones de dólares.

Una "fenomenal maniobra defraudatoria"

Será el TOF 2 el encargado de calcular la cifra definitiva del decomiso en las próximas semanas. Además de Cristina Kirchner, la devolución involucra a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. La suma deberá actualizarse en el marco del legajo patrimonial y se responderá solidariamente por el monto establecido, aunque aún no está definida cómo se dividirá entre los nueve imputados.

Los fundamentos de la condena subrayaron la "certeza" del Tribunal respecto a que "mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Se refirieron así a los 51 contratos adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex socio comercial de la exvicepresidente.

Los magistrados indicaron que exfuncionarios de Vialidad nacional y provincial "operaron al margen del interés público", configurando, "detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”. El móvil, según los jueces, era el beneficio que obtenían, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ya que "parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidente”.

Las irregularidades corroboradas incluyen: circuitos exclusivos de pagos para el Grupo Austral, procesos licitatorios amañados, pagos por avances de obra inexistentes, sobrecostos en los contratos e información privilegiada. Todo bajo el paraguas de "vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez". El dinero sustraído de las arcas públicas se determinó en $84.835.227.378,04.

El camino del recupero: multas y demanda civil

Ahora, el juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, iniciará el proceso para el recupero de esta cifra multimillonaria. La parte resolutoria de la condena dispone el decomiso de la suma actualizada, que deberá ser depositada en el plazo de diez días hábiles desde la ejecutabilidad de la sentencia. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que se armarán legajos con los bienes de cada condenado para actualizar el monto y comenzar con el recupero.

En el caso de Cristina Kirchner, su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) indicó bienes por $250 millones. No cuenta con inmuebles propios, ya que en marzo de 2016 cedió todo a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Solo conserva el usufructo de la residencia de Río Gallegos, El Calafate y el piso de Uruguay y Juncal en Recoleta.

Además del decomiso, la condena incluye multas. El Código Penal establece el procedimiento para su ejecución: primero se intima al imputado, y si no paga, se intenta ejecutar con sus bienes o ingresos. Como última instancia, la multa podría convertirse en días de prisión, pero "hay que agotar todas las posibilidades procesales tendientes a cobrar esa multa", indicaron fuentes judiciales.

Esta situación también activa otro reclamo económico: la demanda civil por daños y perjuicios, que tramita en el fuero Civil y Comercial. En 2016, la administración de Mauricio Macri inició este planteo por $22.300 millones. El 50% de las rutas inconclusas y pagadas constituyeron el cálculo inicial del perjuicio. El gobierno de Alberto Fernández no impulsó esta demanda contra su compañera de fórmula, pero el presidente Javier Milei determinó que se impulse el reclamo. Dada que la sentencia del juicio elevó el monto del perjuicio a $85.000 millones, el gobierno libertario pedirá una actualización de la indemnización en la demanda civil.