Política > cargo vacío desde 2009
La Corte Suprema exigió designar a un Defensor del Pueblo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación insistió con su reclamo al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo, un cargo que permanece vacante desde 2009.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a solicitar al Poder Legislativo que designe al Defensor del Pueblo, un puesto que permanece sin titular desde el año 2009. El reclamo se dio a conocer al cerrar una causa que buscaba extender el alcance del fallo Badaro a jubilados y pensionados en una situación similar. En su resolución, el máximo tribunal también pidió la sanción de una ley que regule los procesos colectivos, una iniciativa que ha sido solicitada sin éxito durante los últimos 15 años.
La posición de los jueces se planteó al clausurar un expediente iniciado en 2007 por el entonces titular del organismo, Eduardo Mondino, con la finalidad de que se aplicara a todos los jubilados el criterio de movilidad salarial fijado en favor de Adolfo Badaro. El trámite se había visto demorado por la ausencia de un funcionario con la legitimación adecuada para representar a los damnificados.
En un voto conjunto, los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el proceso se vio condicionado por la falta de un defensor que pudiera adaptar la demanda a los requerimientos fijados por la propia Corte para los procesos colectivos. Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti sostuvo que la “extensa demora” en la resolución de la causa se debió a la prolongada desorganización en la titularidad de dicho organismo. Además, advirtió que esa institución no tenía facultades para representar de manera colectiva a los jubilados en cuestiones patrimoniales.
La demanda original había sido rechazada por la Cámara de la Seguridad Social al considerar que los reclamos eran de naturaleza individual. Ante esto, se había presentado una apelación que llegó hasta la máxima instancia judicial. Con este nuevo pedido, el tribunal supremo recordó precedentes como el fallo “Halabi” de 2009, y subrayó la importancia de contar con un mecanismo legal que regule la gestión de los procesos colectivos en el país.