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La Justicia uruguaya recibió a familiares de las víctimas del avión caído en Laguna del Sauce
POR REDACCIÓN
05 de diciembre de 2019
Familiares de las diez víctimas de la avioneta argentina que en 2014 cayó en la ciudad uruguaya de Punta del Este se reunieron con el juez y la fiscal que lleva adelante la causa para reclamarle el avance de la investigación, por la que no hay ningún detenido. Uno de los abogados en Argentina, Javier Salerno, explicó a Télam que los familiares les brindaron al juez Rubén Etcheverry y a la fiscal Mariela Núñez Marichal, de Maldonado, un informe con todas las “irregularidades” que ellos consideran que se produjeron antes de la partida de la aeronave el 19 de marzo del 2014 desde el aeropuerto de San Fernando, que luego derivaron en la caída del avión. “Tanto el juez como la fiscal aseguraron que la causa no está abandonada, que se está trabajando”, manifestó Salerno, quien remarcó que por primera vez los familiares también pudieron contratar a dos abogados uruguayos para que intervengan en la causa penal. Por otra parte, en el marco del expediente ayer declaró como testigo Alfredo Girelli, gerente general de droguería Meta S.A., una de las empresas propietarias del avión, quien debido a inconsistencias en su declaración terminó como imputado y fue nuevamente citado para marzo próximo para que declare en una indagatoria. Girelli fue consultado por el juez acerca de quien daba la orden de que saliera la avioneta, a lo que el gerente primero respondió que eran “los accionistas”, pero terminó admitiendo que si no había nadie, lo hacía él, lo que derivó en un cambio de su situación procesal. “Para los familiares por fin pasó algo importante, fue un gran avance y quieren que se haga justicia y que todos terminen presos”, sostuvo Salerno. En tanto, otra novedad que se produjo en la investigación es que Ezequiel José Masjuan, presidente de Drogueria Meta, y Gustavo Alejandro Caglieris, titular de Trip Air S.A., no se presentaron a la declaración indagatoria que debían prestar el martes y se les fijó nueva fecha para el 25 y 3 de marzo próximos, respectivamente. Ese mismo mes, se espera la declaración de otros directores y accionistas de las firmas propietarias de la aeronave, de los directores de Furlong Fox, empresa de turismo que contrató el vuelo para los empleados y proveedores de la Rural S.A. y de otros testigos. El hecho se produjo el 19 de marzo de 2015, cuando el avión Beechcraft King Air B90, con matrícula argentina, debía volver al país desde Punta del Este, pero treinta segundos de despegar, la nave se estrelló sobre la Laguna del Sauce y se prendió fuego, lo que produjo la muerte de los ocho pasajeros y los dos pilotos. Allí fallecieron los pilotos Luis Pivida y Diego Chiaradía; los ejecutivos de La Rural Johanna Mc Cormack, Alfredo Dietrich, Marcelo Zarco, Horacio Peñaflor y Gustavo Pera; Marta Pires Vieira, la directora comercial de la empresa Dorier Group LatAm; Carlos de Elías, propietario de la empresa Congress Rental S.A.; y Mario Barba, de la empresa Connectis ICT Services S.A. Según los informes obtenidos luego de la investigación por la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación de Uruguay, la aeronave (propiedad de las firmas Droguería Meta, Inversiones Locales y Dihemo S.A.) no estaba en condiciones para operar. Entre las irregularidades denunciadas por las familias, se encuentran que el avión no tenía habilitación para un vuelo comercial y que viajaron ocho personas cuando en realidad estaba habilitado para seis, entre otras.
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