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Ley de financiamiento universitario: qué establece la norma
La Cámara de Diputados aprobó la actualización automática de fondos y salarios para universidades, pero la medida aún debe ser tratada en la Cámara de Senadores.
POR REDACCIÓN
Tras el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei en Diputados, la ley de financiamiento universitario quedó a medio camino: todavía debe ser discutida en el Senado para convertirse en una norma vigente. El proyecto, impulsado por la oposición, apunta a garantizar previsibilidad presupuestaria en universidades públicas, hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica, en un escenario de alta inflación y conflicto en el sistema educativo.
La iniciativa cobró fuerza luego de meses de reclamos de rectores, docentes y estudiantes que denunciaban la falta de recursos y el riesgo de paralización en varias instituciones. Aunque la Cámara baja ya dio el primer paso, el Gobierno insiste en que se trata de una medida “fiscalmente inviable” y apuesta a frenar su avance en la Cámara alta.
Si el Senado confirma la sanción, la ley introduciría mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación, además de recomponer salarios y reforzar becas estudiantiles. Hasta tanto no se complete el trámite legislativo, los cambios permanecen en suspenso.
Los principales puntos de la ley de financiamiento universitario
- Actualización de partidas: desde el 1° de enero de 2025, los fondos para universidades públicas se ajustarían por la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024.
- Recomposición bimestral: durante todo 2025, los gastos de funcionamiento de las universidades se actualizarían cada dos meses según el IPC.
- Salarios docentes y no docentes: el Ejecutivo debería recomponer los sueldos desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un nivel no inferior a la inflación de ese período. Los aumentos serían remunerativos y bonificables, y las sumas no remunerativas pasarían al salario básico este año.
- Becas estudiantiles: los montos de programas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería deberían actualizarse por inflación, además de incrementar progresivamente la cantidad de becas en función del crecimiento de la matrícula.
- Control y transparencia: la Auditoría General de la Nación (AGN) quedaría a cargo de la supervisión externa de las universidades y debería enviar informes al Congreso.
- Garantía presupuestaria: el Poder Ejecutivo estaría obligado a disponer los créditos necesarios para asegurar el funcionamiento de las universidades, sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional.
El futuro de la ley se definirá en la Cámara alta, donde la oposición cuenta con una mayoría más sólida. Hasta entonces, el financiamiento universitario sigue dependiendo del esquema actual, sin los ajustes automáticos que reclama el sector.