Política > Motosierra
Milei fusionó el Inpres con el Segemar y reestructuró el INA
El Gobierno, mediante el Decreto 396/2025, inició una nueva etapa de su plan de ajuste y desregulación, transformando organismos técnicos clave para reducir el sobredimensionamiento estatal y centralizar funciones, buscando eficiencia y control del gasto público en infraestructura hídrica y sismología.
POR REDACCIÓN
El Decreto 396/2025, publicado el 18 de junio en el Boletín Oficial, establece la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Sus funciones, dedicadas al estudio y difusión de conocimientos sobre recursos hídricos, serán asumidas con el mismo rigor técnico desde una estructura más simple y centralizada.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), con asiento en San Juan y creado en 1972 para generar normativa antisísmica y estudiar riesgos geológicos, será fusionado y absorbido por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Esta integración se justifica en las competencias compartidas por SEGEMAR en geociencia y prevención de desastres naturales.
Estas medidas se enmarcan en las facultades delegadas por la Ley de Bases N.º 27.742, que declaró la emergencia pública en diversas materias. Los fundamentos del decreto se basan en informes técnicos del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transformación del Estado, que identificaron 111 organismos desconcentrados y descentralizados con estructuras duplicadas y altos costos operativos, sumando 88.095 empleados en 2024 y 477 autoridades superiores, más del doble que en 2010.
El objetivo principal es reducir la carga presupuestaria, unificar criterios técnicos y mejorar el uso de recursos mediante la fusión de competencias, la reasignación de inmuebles y el control de bienes estatales. El Gobierno aseguró que las funciones técnicas esenciales de los organismos disueltos o fusionados no se verán afectadas, y el personal continuará en sus cargos. Asimismo, los créditos presupuestarios y bienes pasarán a las nuevas estructuras. El Ministerio de Economía deberá proponer una adecuación organizativa integral, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) recibirá un relevamiento de los bienes afectados para su posible reasignación o enajenación.